La violencia que azota a Veracruz no es un tema nuevo, pero cada caso que se suma a la lista de víctimas revive una herida que, lejos de cerrar, se sigue profundizando. La reciente tragedia que envolvió a la maestra jubilada Irma Hernández —secuestrada, exhibida en un vídeo por un grupo armado y posteriormente encontrada sin vida con huellas de violencia— volvió a poner en evidencia una verdad incómoda: la inseguridad sigue rebasando a las autoridades en todos los frentes.
Esta semana, el hecho tomó un giro aún más desafortunado con las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle durante su conferencia semanal. De manera sorpresiva, y para muchos, insensible, la mandataria aseguró que la muerte de la maestra y taxista se debió a un “paro cardiaco”, que aunque es lamentable, los veracruzanos tomaron el asunto como una desestimación del hecho como tal, pues nunca dejó de existir un vínculo directo con la violencia del crimen organizado, y acusó de “miserables” a quienes, según ella, hacen escándalo del asunto.
Más que apaciguar los ánimos, las palabras de la gobernadora provocaron un escándalo mayor. Porque no solo habló como jefa del Ejecutivo estatal, sino que asumió el hecho como si tuviera las facultades legales de una especie de fiscal, forense y juez, al emitir un dictamen que no le corresponde.
La reacción social fue inmediata; la indignación no se hizo esperar. El clamor ciudadano es claro: el estado está inmerso en una espiral de violencia que ya no distingue edad, profesión ni actividad. La maestra Irma no solo era jubilada; también se desempeñaba como taxista, una actividad que, como bien se sabe, se ha convertido en blanco frecuente de la delincuencia organizada por el supuesto cobro de piso.
La realidad en muchos municipios veracruzanos es alarmante. En zonas con alto número de unidades del transporte público, los trabajadores del volante enfrentan amenazas, extorsiones, levantones y desapariciones. La delincuencia no da tregua, y los mecanismos de protección simplemente no alcanzan.
Ante este panorama, la pregunta obligada sería: ¿hasta cuándo? Porque mientras desde el gobierno se minimizan los hechos y se busca controlar el discurso, en las calles la inseguridad sigue creciendo. Las familias veracruzanas no quieren discursos, quieren resultados. No quieren señalamientos, quieren justicia.
La muerte de Irma Hernández no puede ni debe quedar como una estadística más, ni como una anécdota política usada para polarizar la opinión. Es un llamado urgente a revisar lo que se está haciendo o dejando de hacer desde las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia.
Porque en Veracruz, lo que escandaliza no es que se hable de violencia. Lo verdaderamente escandaloso es que se niegue.