En política, como en la vida, hay reglas no escritas que todo aspirante a liderazgo debe aprender antes de lanzarse a la arena pública. Una de ellas es muy sencilla, pero profundamente sabia: no se acusa sin pruebas.
Y esa lección, al parecer, aún no la aprende el alcalde electo por Movimiento Ciudadano en Poza Rica, Emilio Olvera Andrade. En días recientes, Olvera Andrade ha protagonizado una serie de declaraciones públicas que rayan en el escándalo, acusando a dirigentes de Morena y a funcionarios estatales de supuestas amenazas e intromisiones en el proceso electoral, todo esto tras el resolutivo del Tribunal Electoral, que ordenó un conteo voto por voto en su municipio.
Con tono desesperado y sin una sola prueba en la mano, llamó delincuentes al dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, y al delegado de los programas de Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín.
Y para añadir más fuego al asunto, involucró directamente a la gobernadora Rocío Nahle, señalando en un video que circula en redes sociales que los funcionarios fueron utilizados por ella para presionar y amenazar a los magistrados.
Grave, muy grave. Porque una acusación sin sustento no solo daña la credibilidad del que acusa, sino que pone en entredicho su estabilidad política, emocional y —por qué no decirlo— legal. Acusar sin pruebas es un error, pero hacerlo de forma pública, con nombre y apellido, es un salto al vacío.
Y como diría la abuela: “El que acusa debe tener los pelos en la mano”. Pero ahí no termina la historia. En una vuelta dramática de los hechos, el mismo Olvera Andrade que días antes hacía señalamientos con tono retador, ahora afirma que teme por su vida, responsabilizando al Gobierno del Estado y, de manera directa, a Gómez Cazarín por cualquier daño que pudiera sufrir.
Pasó de acusador a víctima en cuestión de horas, lo que evidencia un manejo político errático, emocional y claramente mal —muy mal— asesorado, por alguien que seguramente no sabe manejar las emociones.
Cabe recordar que el alcalde electo enfrenta también una denuncia por presunto acoso sexual, lo que ya de por sí lo coloca bajo una lupa pública y judicial. Agitar el avispero en ese contexto, sin una estrategia clara y sin fundamentos sólidos, es una jugada que podría costarle muy caro.
El problema aquí no es solo lo que dijo, sino cómo y cuándo lo dijo. En política, el momento y la forma son tan importantes como el fondo. Y Olvera Andrade ha elegido mal sus batallas y, peor aún, sus palabras.
Hoy, la imagen que proyecta es la de un político sin rumbo, atrapado en una espiral de declaraciones desafortunadas, cada vez más alejado de la institucionalidad y más cerca de la paranoia. El discurso de víctima, cuando se ha atacado sin pruebas, pierde fuerza. Y el descrédito público se convierte en una penitencia que él mismo se ha echado a cuestas.
Porque, como reza el dicho popular:
“En el pecado se lleva la penitencia.”