Dice el dicho que «tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”, y pocas veces resulta tan exacto como en el escándalo que hoy sacude a la Escuela Oficial y de Bachilleres Número 8, Emiliano Zapata, donde ha salido a la luz un presunto caso de acoso sexual por parte de un conocido maestro, cuya conducta al parecer había sido tolerada, encubierta o simplemente ignorada durante años.
Lo que comenzó como un señalamiento individual, ahora ha escalado a niveles que involucran no solo al acusado, sino a altos directivos del plantel, e incluso al sindicato, quienes —según versiones de alumnos y padres de familia— han optado por proteger y respaldar a quien claramente no representa los valores ni la ética que se espera de un educador.
Este no es un caso aislado. Lo confirman alumnos, madres, padres y hasta exestudiantes. Lo que sí es, es la primera vez que alguien se atreve a romper el silencio, a alzar la voz públicamente y exigir justicia. Y eso, en sí mismo, ya es un parteaguas.
Pero no basta con que los estudiantes hayan exigido su destitución como lo hicieron recientemente. El problema no debe quedarse en una protesta aislada ni en un castigo administrativo. Esto exige una investigación profunda, imparcial y con consecuencias judiciales si corresponde, especialmente porque, no se puede olvidar, la mayoría del alumnado en estos planteles son menores de edad.
Lo más grave es que el encubrimiento ha sido sistemático. Los rumores de acoso, favoritismos, venta y regalo de calificaciones a cambio de “favores” o dinero, no son nuevos. Son un secreto a voces que durante años se ha ignorado en muchas instituciones educativas de Poza Rica y otras regiones del estado.
Y aquí es donde la responsabilidad sube de nivel: ¿Dónde están las autoridades educativas del estado?, ¿Cuántos reportes han recibido?, ¿Cuántos han desechado?, ¿Cuántos más piensan ignorar?
Porque mientras se premia el silencio y se protege a los agresores, se envía un mensaje claro a las víctimas, aquí los únicos que pueden cometer abusos son los mismos maestros, y eso, además de inmoral, es criminal.
Es urgente que la Secretaría de Educación en Veracruz tome cartas en el asunto, no solo en este caso, sino en todos los que salgan a la luz a partir de ahora. Porque si algo debe dejar este escándalo como lección, es que ya no se puede seguir barriendo la podredumbre bajo la alfombra.
Los planteles educativos no pueden seguir siendo refugio para quienes abusan del poder que les da el aula. Este debe ser el inicio de una limpia. Porque el daño que causa el acoso, la corrupción y la impunidad dentro de una escuela no solo rompe futuros, también destruye confianza, vocaciones y hasta vidas. Y lo cierto es que tanto peca el que agrede, como el que protege al agresor.
