La indignación del pueblo de Poza Rica no es gratuita. Es legítima. Es el grito de una ciudad que, en cuestión de minutos, fue arrasada por el agua y condenada a la indiferencia de sus autoridades. Una vez más, la naturaleza expuso no solo la fragilidad de nuestra infraestructura, sino la inoperancia de un aparato gubernamental más interesado en las fotos que en las acciones.
Ni el Gobierno del Estado ni el Gobierno Municipal supieron cómo reaccionar. La tragedia los rebasó, es decir, literalmente se ahogaron en su propia improvisación. Mientras la población se hundía en el lodo, en la desesperación, en la pérdida humana y material, la gobernadora Rocío Nahle prefería dirigir reuniones de “seguridad” para tomarse la foto.
Lo peor fue que en su primera declaración pública minimizó el desastre al calificarlo como un “ligero desbordamiento del río Cazones”. Esa frase quedará marcada como una ofensa imperdonable al dolor colectivo de una ciudad que ya comenzaba a levantar a sus muertos.
Las imágenes fueron claras y no hubo nada “ligero”. Hubo devastación, hubo negligencia, hubo omisiones criminales. Y sí, Protección Civil volvió a fallar. La incapacidad fue tal, que según testimonios de trabajadores de Pemex ni siquiera se tocó el silbato de alerta con tiempo porque ninguna autoridad local lo solicitó.
Fue hasta que autoridades del estado de Puebla intervinieron, que se dio la orden, apenas minutos antes de que el río arrasara con todo. Solo 20 minutos transcurrieron entre la alerta y la catástrofe más grande que ha vivido Poza Rica desde 1999.
¿Dónde estaban los funcionarios de Protección Civil? ¿Dónde estaban los responsables de emitir alertas tempranas? ¿Por qué nadie se ensució los zapatos, salvo los ciudadanos y voluntarios que salieron a rescatar lo que pudieron?
Hay estudiantes de la Universidad Veracruzana que no lograron salir a tiempo. Hubo pérdidas humanas evitables. ¿Quién se hace responsable?
La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que venir a poner orden. Tuvo que enfrentar los reclamos que le tocaban a otros. Porque mientras ella escuchaba de primera mano el dolor de los damnificados, otros se enteraban por redes sociales y dirigían “operativos” desde la comodidad de su celular. Esa es la clase de funcionarios que tenemos: o son los mismos ausentes, arrogantes y cobardes.
Sheinbaum lo dijo claro y no se los mandó a decir: “No se ocultará nada”. Y eso incluye investigar si hubo negligencia de Protección Civil. Lo mínimo que merece Poza Rica es la verdad, y si es necesario, justicia.
El jalón de orejas presidencial surtió efecto y ahora sí aparecieron funcionarios, ahora sí se ensuciaron las manos, ahora sí corrieron, pero ya era tarde. El daño ya estaba hecho, y el pueblo ya lo había notado.
La tragedia en Poza Rica no solo dejó casas bajo el agua. Dejó al descubierto lo que muchos ya sabían pero nadie quería decir en voz alta: en Veracruz hay funcionarios más preocupados por su imagen que por su deber. Y esa indiferencia, esta vez, costó vidas, pues no solo fueron los daños materiales que, como ya se anunció, habrá un censo para recuperarlos, pero con un censo nadie va a recuperar las pérdidas humanas.
