Los trabajadores petroleros jubilados de la Sección 30 siguen enfrentando una situación que, a estas alturas, debería ser inadmisible, es decir, la falta de medicamentos en el Hospital Regional de PEMEX para tratar enfermedades crónico-degenerativas, esas que golpean a quienes han dedicado años a la empresa.
Diabéticos, hipertensos y quienes padecen complicaciones derivadas simplemente no encuentran en el hospital los tratamientos que, por derecho contractual, deberían tener garantizados.
La incapacidad o falta de voluntad para dotar de medicamentos, incluso de manera subrogada, es una mancha que no solo afecta la salud de los jubilados, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas.
Pero el problema no termina ahí; entre los propios trabajadores existe una división que complica aún más la exigencia de soluciones. Unos culpan directamente al delegado departamental de jubilados, Javier Inés Ramos Juárez; otros, sin embargo, apuntan a la dirigencia actual de la Sección 30, encabezada por Andrés Aguilar Ceballos, por no respaldar con firmeza a los jubilados.
Para nadie es un secreto que la atención en el Hospital Regional de PEMEX es deficiente y que los medicamentos escasean. Los jubilados tienen razón al reclamar, porque es un derecho contractual, no una dádiva.
Pero si sus líderes permanecen mudos, indiferentes o cooptados, los reclamos quedan en el aire. Las lágrimas y protestas de quienes han dado su vida a la industria petrolera no se traducen en beneficios reales.
Peor aún, los mismos jubilados están limitados para manifestarse: primero deben pedir permiso a sus dirigentes y, si ellos deciden otorgarlo, solo entonces pueden organizar alguna protesta. En este juego de poder y control, quienes deberían velar por sus derechos terminan siendo una barrera para la expresión y la lucha legítima.
Mientras tanto, los jubilados están en la incertidumbre más cruel. Si no cuentan con dinero para comprar sus medicinas, deben resignarse, pues la institución hospitalaria no les provee ni siquiera el apoyo subrogado.
Es una realidad cruel que refleja la decadencia de lo que alguna vez fue una de las empresas más importantes del país. Los jubilados deben entender que los buenos tiempos de PEMEX en Poza Rica quedaron atrás.
Lo que queda ahora es una dirigencia que parece bailar al son que le marcan desde la cúpula nacional del sindicato y de los directivos de Petróleos Mexicanos, sin autonomía ni voluntad para defender a quienes los eligieron.
Es momento de que los trabajadores jubilados reflexionen y exijan a sus líderes que cumplan con su papel. La dignidad no se negocia ni se silencia. Ojalá no sea demasiado tarde para revertir esta crisis silenciosa.
