A seis años de haber solicitado la alerta por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Veracruz, es imperativo que se decrete esta medida debido al aumento continuo del fenómeno y la falta de resultados efectivos de las políticas públicas, afirmó Ximena Ugarte Trangay, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
En una entrevista, Ugarte Trangay, quien representa a las asociaciones que han solicitado la alerta, expresó su preocupación por el prolongado tiempo que lleva «en análisis» esta solicitud, lo que, según ella, socava la efectividad de la alerta.
“Lo que tenemos en este momento es una alerta que se presentó en 2019 y que para 2024 aún no tiene una resolución definitiva. La situación de desapariciones de niñas, jóvenes y mujeres en Veracruz ha seguido en aumento, y las políticas públicas implementadas para abordar esta problemática específica no han dado resultados.”
Comentó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) concedió seis meses a Veracruz para aplicar las recomendaciones necesarias para enfrentar el problema de las desapariciones de mujeres, y que al finalizar ese período se evaluará la emisión de la alerta.
Lamentó que, hasta la fecha, no se han recibido informes sobre el progreso en el cumplimiento de las recomendaciones, ni las asociaciones solicitantes han participado en las mesas de trabajo.
“Sería muy útil que el grupo de trabajo incluyera a organizaciones, colectivos y familiares para evaluar juntos el cumplimiento de estas recomendaciones. Esperaría que este proceso no tome más de un mes,” indicó.
Este septiembre, el grupo de trabajo de la Conavim decidirá si el Estado ha cumplido con las recomendaciones. De no ser así, la Secretaría de Gobierno (Segob) podría emitir la tercera alerta para Veracruz.
En marzo, el Gobierno de Veracruz respondió a la Conavim sobre los puntos recomendatorios relacionados con la solicitud de alerta realizada el 15 de mayo de 2019, y se otorgaron seis meses para cumplir con las recomendaciones.
No obstante, ante el próximo cambio de gobierno estatal, Ugarte Trangay recordó que las alertas no se emiten a un gobierno en particular, sino al Estado en su totalidad, y que la responsabilidad recae en quien ocupe el cargo.
Añadió que atribuir la culpa a administraciones anteriores y «lavarse las manos» del problema es, al menos, una falta de respeto hacia las familias de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en Veracruz.
“Es un eufemismo absurdo y perverso decir que ‘eso fue en el sexenio pasado y, por lo tanto, no me pueden culpar a mí’.”
Subrayó que el objetivo final de una alerta de violencia de género debe ser la reducción de la violencia, en este caso, la disminución de las desapariciones de mujeres en Veracruz durante la última década. Sin embargo, señaló que no se ha incrementado la capacidad institucional para la búsqueda y la investigación.
“La desaparición de niñas, adolescentes y mujeres continúa, y las investigaciones siguen estancadas. Se han hecho hallazgos importantes de restos de niñas, jóvenes y mujeres que no han sido identificados, y la Fiscalía no sabe si clasificarlos como desapariciones o feminicidios. El Poder Judicial también ha fallado en atender estas investigaciones,” lamentó.
Ximena Ugarte Trangay afirmó que la alerta de violencia de género es una herramienta de política y acción inmediata, y no debe convertirse en una política pública permanente, ya que eso la transformaría en un simple programa de gobierno.
“No creemos que en este momento sea el mecanismo más efectivo para enfrentar la situación en Veracruz, pero sí debe enviar un mensaje claro de que desde 2019 se identificó un grave problema de desapariciones de niñas, jóvenes y mujeres en el estado.”
Con información de AVC Noticias
