Por FABIÁN MARTÍNEZ
En Veracruz y en municipios de la zona norte han sido varios los casos de personas que fueron asesinadas y que hasta el momento no se ha hecho justicia a sus familiares quedando archivados los expediente judiciales, demostrando con ello que nunca hubo interés de las autoridades por investigar a fondo y esclarecer los hechos.
La impunidad que en los últimos años ha prevalecido a lo largo del territorio veracruzano lo han vivido desde hace un año y cinco meses en el municipio de Álamo, los familiares de Felipe Rodríguez Goné, quien fuera privado de la vida por sujetos desconocidos, siendo representante electoral del PAN ante el OPLE, en el pasado proceso electoral municipal.
El también exdirector del reclusorio de Huayacocotla y exfuncionario de la oficina de Política Regional fue asesinado a balazos cuando se encontraba laborando como taxista, oficio que alternaba con sus labores políticas.
Solo se supo que fueron sujetos desconocidos los que a bordo de una motocicleta le dieron alcance a su vehículo, donde accionaron sus armas contra la humanidad de Rodríguez Goné, quien quedó muerto en el interior de la unidad.
Fueron varias las versiones que se dieron en aquel entonces sobre el hecho, pero hubo quienes dijeron que había sido con tintes políticos, luego de lo ocurrido en la elección municipal, donde el PAN había pedido la revisión voto por voto de las urnas.
En aquellos días también se registró un incendio en el inmueble donde se guardaban las urnas de la elección municipal, donde se dijo posteriormente que parte del material se había consumido por el fuego. Pese a lo cerrado de la elección local, finalmente los órganos electorales dieron el triunfo a la candidata del partido Morena.
Ahora, después de transcurridos un año y cinco meses de estos lamentables hechos, ninguna autoridad dio a conocer en realidad cuáles eran los líneas de investigación en torno el hecho sangriento, ni se descartó si había tenido relación o algún tinte político.
Pero es tiempo que familiares y amigos siguen pidiendo justicia para Felipe Rodríguez Goné, quienes también se preguntan por qué los líderes panistas guardaron silencio y no exigieron que el caso fuera resuelto y se aplicara justicia en contra de los responsables.
Otros casos que han quedado en la impunidad son el del malogrado político tihuateco Nicanor Martínez Olguín, exdiputado del PRD y aspirante de Morena a la presidencia municipal, quien fuera ultimado a balazos por sujetos desconocidos cuando llegaba a su casa junto con su familia.
En Poza Rica el caso de la señora Martha Elba Muñiz, muy conocida entre la sociedad pozarricense por su labor altruista dentro del Club de Leones, quien fuera asesinada en su domicilio en el centro de la ciudad y a plena luz del día.
Estos casos serían solo algunos, de todos los que se han registrado en municipios de la zona norte y que a la fecha siguen impunes porque parece que en Veracruz no existe la justicia, o al menos no se quiere aplicar de manera pareja para todos.
PURA SIMULACIÓN
Del tan anunciado recorte de personal de confianza en la nómina del gobierno municipal, solo fue una simulación más del alcalde Fernando Remes Garza, a quien el pueblo de Poza Rica ya no le cree eso de que todo el tiempo ande llorando que no tiene dinero y que no le dejaron recursos desde la administración anterior.
Lo único que hizo fue despedir al director de Turismo, Víctor Vera, pero no fue para ahorrarse el despilfarro de millones de pesos que tiene en la nómina de personal de confianza, sino porque el exfuncionario fue considerado un “enemigo” infiltrado dentro de su administración, cuando en realidad fue por chismes de lavadero, al menos eso es lo que se dijo.
Pero hay otros funcionarios que se preguntan por qué no se despide a los elementos que han sido nocivos en la actual administración y que únicamente se han pasado lo que va de la administración cobrando los grandes salarios sin trabajar.
Casos como el de la subdirectora de Ecología, Dyane Lagunes, que tiene un salario superior a los 15 mil pesos, o como el jefe de Recursos Humanos, Marco Jiménez, quien además de generar problemas con los sindicatos de empleados municipales, ahora resulta que ya metió hasta a su hijo a trabajar al ayuntamiento, son ejemplo de funcionarios que solo han servido para engrosar la nómina municipal.
Así las cosas, el alcalde Fernando Remes en vez de andar llorando debe ponerse a manejar de manera correcta, transparente y eficiente su administración, porque sus enemigos los tiene en casa, por eso su gobierno ya va a cumplir un año y sigue sin poder despegar.
SANCIÓN DEL TRIBUNAL
Por cierto que el Tribunal Estatal Electoral determinó la existencia de la infracción consistente en Violencia política contra las mujeres en razón de género en contra del Ayuntamiento de Poza Rica, atribuida a Fernando Luis Remes Garza, en su calidad de presidente municipal.
Por lo tanto, se le impone una sanción de amonestación y se ordena al alcalde pedir una disculpa pública a la regidora María Fernanda Salas, en donde se reconozca la comisión indebida de su conducta que acreditó la violencia política contra las mujeres en razón de género en su modalidad de violencia sexual y violencia simbólica.
Por lo que a la brevedad en sesión pública de cabildo el alcalde Fernando Remes Garza tendrá que pedir una disculpa pública a la edil de Morena.