La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz enfrenta una serie de omisiones que han derivado en una situación crítica tanto en el ámbito ambiental como en el operativo. De acuerdo con estimaciones del propio sector, más de 800 mil vehículos circulan cada año en la entidad sin realizar la verificación vehicular obligatoria, lo que representa un riesgo para la salud pública y un incumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Desde hace más de mes y medio, los centros de verificación vehicular en el estado no han recibido los hologramas correspondientes para unidades diésel, por lo que miles de vehículos pesados, como camiones de carga y transporte público, continúan operando sin control de emisiones. Esta situación ha provocado una mayor concentración de contaminantes en el ambiente, especialmente en zonas urbanas, sin que hasta el momento se haya emitido un posicionamiento oficial por parte de las autoridades estatales.
Según datos del INEGI, durante 2020 se registraron en México 301,678 accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, de los cuales 3,427 incluyeron al menos una persona fallecida en el lugar de los hechos. Expertos en seguridad vial advierten que la falta de verificación técnica vehicular es un factor que puede contribuir a fallas mecánicas no detectadas, incrementando el riesgo de accidentes.
Aunado a ello, los concesionarios de verificentros reportan que desde hace más de un mes no han recibido el pago de comisiones por los servicios prestados, lo cual ha afectado la operación de los centros y generado incertidumbre económica para cientos de trabajadores y proveedores involucrados.
El artículo 4º, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a toda persona el derecho a un medio ambiente sano. A pesar de ello, hasta el momento no se ha informado sobre acciones concretas para normalizar la distribución de certificados ni para sancionar a los vehículos que circulan sin verificar.
El problema, señalan fuentes del sector, no solo se limita al impacto ambiental y de salud pública, sino también a la parálisis administrativa y financiera dentro de la misma Secretaría de Finanzas, particularmente en el área de Tesorería, donde persisten quejas por retrasos en pagos y falta de respuesta institucional.
Diversos actores involucrados en el tema han solicitado a la titular del Ejecutivo estatal intervenir de forma directa para resolver esta doble problemática: la falta de control ambiental y el incumplimiento en los pagos a los prestadores del servicio de verificación.