La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute hoy la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la Reforma Judicial. El proyecto de resolución busca invalidar algunas disposiciones, como la elección de jueces y magistrados, pero también plantea validar otros cambios al Poder Judicial de la Federación (PJF), como la selección de ministros de la Corte y la extinción de fideicomisos.
El pasado lunes 28 de octubre, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó públicamente el proyecto, después de analizar las impugnaciones planteadas por los partidos políticos de oposición. En el documento de 366 páginas, el ministro subraya que será la primera vez que la SCJN examine una reforma constitucional en este contexto: “Antes de iniciar el análisis del Decreto impugnado, es necesario dejar en claro que esta será la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará, en una acción de inconstitucionalidad, los vicios en el proceso legislativo, y, en caso de resultar infundados, también será la primera vez que se aborden los argumentos materiales contra una reforma constitucional”. El ministro sostiene que la SCJN sí tiene facultades para revisar la Reforma Judicial —a pesar de las declaraciones en contrario de diputados, senadores e incluso de la Presidenta—, dado que “ciertas normas de la Constitución Federal pueden ser calificadas como ‘leyes electorales federales’, lo que habilita la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad”. Tras varios apartados explicativos, Alcántara Carrancá sostiene que la Constitución tiene un carácter de ley, y que la SCJN posee facultades explícitas para examinar leyes: “Esto demuestra el carácter de ‘ley’ de la Constitución Federal, que aunque cuenta con características particulares, constituye un ordenamiento fundamental integrado por una diversidad de normas generales”, expone el proyecto.
El objetivo del ministro no es invalidar toda la reforma, sino solo algunas disposiciones específicas. De hecho, el proyecto ha sido visto como una solución técnico-jurídica prudente ante la complejidad política que ha rodeado la discusión y aprobación de estas modificaciones constitucionales. “Creo que este proyecto tiene dos grandes características. Técnica y jurídicamente, es muy sólido. Realmente hicieron un excelente ejercicio argumentativo para demostrar por qué son procedentes las acciones de inconstitucionalidad… Además, muestra una notable prudencia política”, comentó Javier Martín Reyes, jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.