Esperanza o más de lo mismo

Por FABIÁN MARTÍNEZ

La violencia en el norte de Veracruz ha dejado de ser una preocupación local para convertirse en una cruda realidad de alcance estatal, y la reciente mesa de seguridad realizada en Papantla no es más que el reflejo de la presión social, mediática y política que enfrenta el Gobierno de Veracruz para, al menos, aparentar que se está haciendo algo.

Los recientes asesinatos de empresarios en Tuxpan, el hallazgo de restos humanos y ejecuciones en comunidades como Carrizal y Volador, sumados a los crecientes casos de privaciones ilegales de la libertad, como el ocurrido en Poza Rica, a plena luz del día y mientras se desarrollaba el evento de la gobernadora, solo confirman lo que los ciudadanos ya saben: la delincuencia está un paso adelante, riéndose de nuestras instituciones.

La gobernadora Rocío Nahle, presionada por el entorno, salió a declarar avances en algunas carpetas de investigación. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever que el verdadero objetivo es “llegar al día de la elección sin más escándalos”, dejando claro que la prioridad es blindar la zona norte, no por el bien de los ciudadanos, sino por la urgencia de garantizar un proceso electoral sin mayores tropiezos que comprometan el proyecto político en curso.

Aquí cabe preguntarse: ¿el blindaje es para los ciudadanos… o para los votos?

Lo más preocupante es que, mientras los discursos oficiales hablan de coordinación y paz, la realidad en las calles es otra. Hay miedo, impotencia y, sobre todo, una profunda desconfianza en las autoridades, que parecen más interesadas en mantener una imagen de control que en atacar de raíz el problema.

Y aunque resulte incómodo decirlo, la delincuencia tiene ya un gobierno alterno en muchas regiones de Veracruz. Uno que impone su ley, cobra sus cuotas y decide quién vive, quién muere y quién puede trabajar.

Si tras la elección el tema se vuelve a empolvar en el archivo muerto del discurso oficial, lo que vendrá no será calma, sino una escalada aún mayor de violencia.

El Estado no puede ni debe permitir que el poder real esté en manos de criminales. Pero si no se actúa con contundencia, honestidad y estrategia, ningún blindaje será suficiente, y la paz seguirá siendo solo una palabra en los comunicados.