El reciente anuncio de la gobernadora Rocío Nahle García sobre la decisión del Gobierno del Estado de absorber la deuda de más de 100 municipios en Veracruz ha encendido el debate político en la entidad; entre los municipios incluidos se encuentran dos de peso en la zona norte: Tuxpan y Poza Rica.
En el caso de Poza Rica, la falta de información precisa sobre el monto de la deuda ha generado especulación, aunque voces críticas aseguran que podría tratarse de varios millones de pesos, producto —afirman— de un manejo financiero cuestionado durante administraciones recientes, particularmente la encabezada por el exalcalde Fernando Luis Remes Garza, quien ha sido señalado públicamente por observaciones y posibles daños patrimoniales emitidos por órganos de fiscalización.
En Tuxpan el panorama no es distinto, ya que administraciones anteriores, como las de José Manuel Pozos Castro y Jesús Fomperosa Torres, también han sido señaladas en distintos momentos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, así como por un incremento en el endeudamiento municipal, situación que hoy limita —según versiones locales— la capacidad de inversión en obras y servicios; en ambos municipios se repite un argumento recurrente, que es la falta de recursos para atender necesidades básicas de la población, mientras las administraciones pasadas dejan compromisos financieros que terminan trasladándose a gobiernos posteriores o, en este caso, al propio Estado.
Y es que el anuncio de la gobernadora ha sido interpretado por algunos sectores como una medida de alivio financiero, pero también ha generado dudas sobre si se trata de una solución estructural o simplemente de un mecanismo para absorber pasivos sin una revisión profunda del origen del endeudamiento.
La crítica central no es menor; si no existe una auditoría clara, sanciones efectivas y consecuencias administrativas o legales por el presunto mal manejo de recursos, el riesgo es que se repita el mismo patrón en futuras administraciones.
En ese sentido, la preocupación de fondo es que este tipo de decisiones termine por normalizar la opacidad y el despilfarro, sin que nadie asuma responsabilidades reales por el uso de los recursos públicos.
La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en quién paga la deuda, sino en cómo se generó y qué mecanismos se implementarán para evitar que la historia vuelva a repetirse bajo cualquier administración; la sociedad lo que quiere es que este tipo de acciones no busquen tapar los despilfarros y abusos cometidos por alcaldes de Morena y la 4T, porque eso quiere decir que seguirá prevaleciendo la opacidad y corrupción.