EE.UU. expulsa migrantes pese a orden judicial que suspendía las deportaciones bajo la ley de 1798.
La administración de Donald Trump sigue deportando a cientos de inmigrantes hacia El Salvador, a pesar de una orden judicial que suspendía temporalmente las expulsiones. El caso se originó tras la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una medida rara vez utilizada que permite a un presidente expulsar a extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional. El juez federal James E. Boasberg bloqueó las deportaciones el sábado, pero los vuelos ya habían partido, con destino a El Salvador y Honduras.
Esta orden de Boasberg responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que acusó al gobierno de violar los derechos de los migrantes, quienes, según las autoridades, estarían vinculados al Tren de Aragua, una pandilla venezolana. La controversia radica en que muchos de los deportados no han sido identificados como miembros de dicha organización criminal y, según algunos abogados, podrían haber sido expulsados injustamente.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele, un aliado de Trump, respaldó la deportación de estos migrantes, mientras que funcionarios estadounidenses, como el senador Marco Rubio, destacaron que El Salvador ha acordado mantener a los deportados en prisiones locales bajo condiciones que, según afirman, ahorran dinero a los contribuyentes estadounidenses.
Mientras tanto, las autoridades venezolanas condenaron la medida, calificándola de evocación de episodios oscuros de la historia, como los campos de concentración nazis. El gobierno de EE. UU. ha dicho que la deportación de migrantes responde a la creciente amenaza del crimen organizado proveniente de pandillas como el Tren de Aragua, pero no ha proporcionado pruebas claras que justifiquen estas acciones en cada caso individual.
La situación está en desarrollo y el caso continuará en los tribunales, con una audiencia programada para el viernes, donde se discutirán los derechos constitucionales de los migrantes y la legalidad de la invocación de esta ley histórica.
