Las violaciones graves a derechos humanos en Veracruz, como la desaparición forzada siguen impunes, porque el estado y la Fiscalía General incumplen las recomendaciones para reparar el daño a las víctimas, señala un informe de cumplimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Las recomendaciones para casos como la desaparición de ocho policías en Úrsulo Galván a manos del grupo policiaco Tajín, la de cinco jóvenes en Tierra Blanca que fueron entregados a un cartel, o tres más que fueron desaparecidos por policías en Papantla, se han cumplido en un 40%.
En el marco del día de los derechos humanos, AVC analizó las recomendaciones hechas por violaciones graves en Veracruz, y se encontró que la CNDH ha emitido 87 recomendaciones – 4 graves-, de las cuales 21 siguen en trámite.
De los casi 450 puntos de recomendaciones realizadas al Gobierno de Veracruz, la Fiscalía General, el Instituto de Pensiones del Estado, y municipios como Papantla, Actopan, Gutiérrez Zamora y Mecatlán, el cumplimento oscila apenas entre el 20 y 50 % apenas.
La reciente disculpa pública del gobernador Cuitláhuac García a familiares de Jesús Alan Ticante Olmedo, Luis Humberto Morales Santiago, y Alberto Uriel Pérez desaparecidos el 19 de marzo del 2016 por policías en Papantla, puso en evidencia la falta de justicia en estos casos.
La recomendación hecha el 29 de septiembre del 2017, reconocía la participación de al menos ocho policías en la desaparición de los tres jóvenes que fueron entregados a un grupo delincuencial.
En la disculpa mediática ofrecida el 5 de noviembre pasado, Blanca Ninfa Cruz, mamá de Alberto Uriel Pérez, acusó que no son parte del registro nacional de víctimas ni el ayuntamiento les ha indemnizado ni hecho la reparación integral del daño.
La CNDH hizo 13 recomendaciones al gobierno municipal, ocho recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, y seis recomendaciones al gobierno estatal, casi el 70 % de ellas aún están en trámite.
Ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el Ayuntamiento han iniciado la carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los policías por el delito de delincuencia organizada.
A más de tres años de las desapariciones de sus hijos no tienen certeza de su ubicación. Por lo que ahora, después de una nueva diligencia tendrán que esperar siete meses más para saber sobre las identificaciones.
Un día después de la disculpa pública a familias por la desaparición forzada, un juez ordenó reponer el proceso de vinculación a proceso de los ocho policías implicados.
En marzo del 2018, un juez los había condenado a 30 años de prisión y una multa.
azdiario.mx
Redacción AZ . –
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