Desde que asumió el cargo como delegado de Transporte Público en Poza Rica, Luis Alberto Pérez Corona parece haber optado por el camino del “paso lento”. Si bien su puesto debería implicar una supervisión estricta y un control efectivo sobre el transporte en la ciudad, el delegado se ha caracterizado por una postura pasiva, permitiendo que los taxistas de diferentes sindicatos y operadores independientes hagan lo que les plazca, sin que se imponga ningún tipo de orden o regulación.
De acuerdo con diversas fuentes del propio gremio, la situación es grave. Los taxistas que operan en la ciudad, tanto los concesionados como los que no lo son, están en franca competencia desleal. La razón es muy sencilla: muchos de ellos operan vehículos sin concesión, sin placas y con números clonados. Pero lo más preocupante es que todo esto ocurre con la complacencia de un delegado que, al parecer, ha propiciado este tipo de irregularidades y mantiene una cercanía sospechosa con dichos intereses.
Los rumores apuntan a que algunos de estos conductores pagan una cuota mensual que oscila entre los 3 mil pesos, lo que les permite circular dentro de la ciudad. Sin embargo, fuera de Poza Rica no pueden operar, lo que también plantea una clara ilegalidad.
Este “pago” se traduce en una falta de control y en un mercado en el que los verdaderos concesionarios, aquellos que cumplen con la ley, pagan impuestos, refacciones y tienen todos los papeles en regla, se ven opacados por quienes simplemente rotulan un vehículo y se incorporan al servicio de manera informal, con la protección descarada de la delegación.
Lo más alarmante es que, en este caos vehicular y en medio de la competencia desleal, la seguridad de los pasajeros queda en entredicho. ¿Esos vehículos cuentan con seguro? Es una de las preguntas que más se repiten entre los mismos trabajadores del volante, quienes temen por su seguridad y la de quienes suben a sus unidades.
No es raro que, en Poza Rica, un taxista se vea involucrado en un accidente de tránsito cada día, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. Sin una regulación clara ni una supervisión efectiva, los riesgos se multiplican, no solo para los conductores, sino también para los pasajeros.
Las altas autoridades de Tránsito y Transporte deben conocer esta situación, pero parece que la delegación local ha logrado mantenerse al margen de cualquier tipo de revisión o sanción. Los rumores sobre la influencia del delegado Pérez Corona y su relación con los trabajadores del volante son cada vez más fuertes.
La percepción general es que la Delegación de Transporte Público en Poza Rica se ha convertido en una “mina de oro” para algunos, donde las cuotas se pagan para permitir que el caos prevalezca, mientras que la seguridad y la legalidad quedan en segundo plano.
Es urgente que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto y pongan fin a este desorden que afecta tanto a los concesionarios responsables como a los ciudadanos que, a diario, se trasladan en estos vehículos sin saber si realmente están seguros.