Plaza Cívica

La Consulta Popular: Juicio a los expresidentes

Enrique Fernández Ramírez

Han sido muchos los agravios, desfalcos, fraudes, injusticias y omisiones, cometidos en contra del pueblo, por funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno. Desde los funcionarios menores hasta los ex presidentes de la república, salvo honrosas excepciones, han incurrido en los excesos de poder y en la ambición desmedida, defraudando la confianza depositada en ellos por los ciudadanos, para que cumplan con racionalidad y justicia, los encargos y funciones para los que fueron electos.

La impunidad de la que han gozado quienes han hecho de la función pública una forma de enriquecimiento, ha llevado a que sus acciones ilícitas y corruptas adquieran tintes de cinismo, de descaro y de prepotencia. Después de algún tiempo durante el cual los políticos ocupan puestos públicos, se advierte cómo se incrementan sus propiedades, bienes muebles e inmuebles. Cambian de lugar de residencia, compran casas en lugares de mayor plusvalía, con mejor ubicación. Cambian a sus hijos de escuela, los envían a escuelas particulares donde se pagan altas colegiaturas. Comienzan a incursionar en el mundo de los negocios como hoteles, gasolineras, empresas constructoras, concesiones de taxis, etc.

En el ámbito nacional, son de triste memoria, por las consecuencias que le ha correspondido padecer al pueblo, las nefastas decisiones políticas tomadas por expresidentes de la República que han quedado impunes. A continuación, algunas muestras oprobiosas de acciones cometidas, en su momento, por presidentes de la República, en un ejercicio del mal gobierno.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, nuestro país padeció el inicio del mayor saqueo de recursos de la historia ocasionado por la aplicación de políticas de corte neoliberal, que implicó el adelgazamiento del Estado mediante los procesos de privatización. Así como los innumerables actos de corrupción, mediante los que se beneficiaron él y sus amigos.

En el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León se produjo la devaluación de nuestra moneda provocada el 21 de diciembre de 1994, fecha en que comenzó la mayor crisis financiera y económica de México, el llamado «error de diciembre». Este presidente también es el autor del FOBAPROA, mecanismo financiero para rescatar a los empresarios en quiebra con recursos del erario público, convirtiendo así las ganancias privadas en deuda pública. Las repercuciones de esta maniobra financiera siguen vigentes hasta nuestros días. Los mexicanos aún seguimos pagando esa deuda, en tanto que, quienes se beneficiaros de ese rescate gozan de finanzas sanas y boyante economía. Como siempre, el pueblo de México resultó el más afectado.

El “gobierno del cambio” de Vicente Fox Quesada no cumplió con las expectativas que despertó en la ciudadanía. Al contrario, durante su gobierno se dieron casos de gastos excesivos como el caso del “toallagate”, ya que se compraban toallas de cuatro mil pesos para la casa presidencial de Los Pinos. Y es de todos conocido el enriquecimiento inexplicable, bajo el amparo del poder público, de los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox.  

Felipe Calderón Hinojosa llegó a la presidencia mediante un dudoso triunfo electoral. Inició su mandato con una declaración de guerra al crimen organizado sin la implementacion de una estrategia clara. Esta decisión política provoca un alto número de personas fallecidas a la cuales calificó como “daños colaterales” de la lucha contra la delincuencia. Es a partir de su gobierno que el pueblo de Mexico padece la zozobra constante de la inseguridad, que no se ha podido erradicar. 

Otro escándalo de este gobierno, fueron los más de 200 millones de dólares incautados a un ciudadano chino-mexicano, quien dijo que no eran de él,  sino del Partido Acción Nacional; el destino supuesto de esos recursos sería la campaña presidencial. Es muy recordada la frase amenazante que el coordinador de la campaña calderonista, Javier Lozano, le expresó en aquel entonces, “coopelas o cuello”.

Los mayores actos de corrupción se cometieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Son emblemáticos los casos de la Estafa Maestra y de la Casa Blanca de la actriz Angélica Rivera, “La Gaviota”, esposa del presidente en ese entonces. En ese sexenio hubo un crecimiento de la corrupción, que adoptó diversas formas sofisticadas de desvío de recursos: empresas fantasma, facturas falsas, y empresas factureras. En La Estafa Maestra participaron “graduados” en desaparecer el dinero público, que es de todos los mexicanos, como lo documentan en su libro “La Estafa Maestra”, Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste. Lo más grave es el caso de los 43 normalistas desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Ante esta enorme lista de agravios, de robo y de injusticia, el pueblo de México había permanecido atónito, encabronado e impotente, sin poder hacer nada. Sólo le correspondía elegir a sus opresores y soportar las consecuencias del mal gobierno.

Hasta hoy, la ciudadanía ha ejercido solamente una democracia representativa, elige a sus representantes, y éstos una vez en el cargo, hacen y deshacen la política  a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Además, en los hechos parece haber un pacto de impunidad: los nuevos funcionarios no tienen memoria, y no tocan ni con el pétalo de una denuncia a sus antecesores. Se cuidan las espaldas unos a otros.

Sin embargo, este primero de agosto, los mexicanos tenemos la oportunidad de ejercer una democracia participativa. Por primera vez haremos valer nuestro derecho ciudadano de “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”, establecido en el párrafo VIII del artículo 35 constitucional.

La Ley Federal de Consulta Popular, en su artículo 4º, define: “La consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación.”

La pregunta que estará en la boleta de votación, y que se pondrá a consideración de la consulta popular es la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

De nuestra respuesta por el SÍ, depende el futuro de justicia, seguridad y de respeto a los derechos humanos, que queremos para el pueblo de México.