Plaza Cívica

Las razones de la consulta popular

Enrique Fernández Ramírez

El primero de agosto de este año es crucial para la vida democrática y de justicia de nuestro país. Por primera vez los mexicanos tendremos la oportunidad de participar en una consulta popular sustentada en la constitución para decidir que hacemos con quienes, teniendo la encomienda de velar por el bien común de todos los mexicanos, faltaron a su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución, y cometieron agravios en perjuicio del pueblo y de la nación.

En paralelo a las campañas de promoción de la consulta en las que se exhorta a la ciudadanía a que ejerza su derecho constitucional y acuda a emitir su voto, también hay quienes se pronuncian en los diferentes medios para desacreditar este ejercicio democrático.

Los que están en contra de la consulta afirman que la ley se debe aplicar, no se debe consultar. Argumentan que si hay delitos que los expresidentes hubiesen cometido, se deben presentar las pruebas y juzgarlos. Sin embargo, estas aseveraciones son retóricas y falaces. Quienes son objeto de la consulta no son ciudadanos comunes; son actores políticos que en su momento tuvieron puestos de alta responsabilidad, incluso el más alto cargo al que puede aspirar un mexicano, que es el de presidente de la republica.

En este sentido, si el gobierno actual emprende procesos en contra de estos personajes, los mismos que sostienen que la ley debe aplicarse sin consultar, alegarían que se trata de una cacería de brujas, que es venganza política. Por el contrario, si no hace nada, lo estarían acusando de cómplice, de que hay un pacto de impunidad, de que nada ha cambiado, de que es más de lo mismo.

Otro argumento que esgrimen es el del financiamiento. Dicen que es un monto excesivo gastar 500 millones de pesos en una consulta. Aducen que con ese dinero se podrían comprar medicamentos para los hospitales. Esta aseveración cae por su propio peso. Es necesario recordar que los recursos destinados para la consulta no son adicionales a lo ya programado, sino que es parte del presupuesto anual aprobado que le corresponde al INE. Por lo que no es un gasto emergente que se hubiera tenido que programar de última hora. No tienen razón quienes argumentan que es un gasto innecesario.

Además, quienes hoy se quejan por el “excesivo gasto”, son los mismos que se opusieron a que la consulta se realizara el mismo día de las elecciones pasadas del 6 de junio. Eso le hubiera ahorrado dinero al INE, ya que se contaba con la estructura operativa electoral suficiente. Lo único que se hubiera agregado sería otra boleta con la pregunta de la consulta. Esa era la propuesta original, pero la oposición la desechó y la pospusieron para el primero de agosto.

Entre los opositores a la consulta hay connotados periodistas, escritores, académicos e intelectuales orgánicos. Éstos, como puristas del lenguaje, argumentan que la redacción de la pregunta es confusa, que no la entienden, que no les dice nada. Que el lenguaje es cantinflesco. Que por eso no se debe ir a votar.

¿Cómo no querer que se lleven a cabo acciones pertinentes apegadas al marco constitucional y legal? ¿Cómo no estar de acuerdo en que se emprenda un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado?¿Cómo no entender que los expresidentes son actores políticos? ¿Cómo no estar a favor de garantizar la justicia y los derechos de las víctimas?

¿Qué parte de la pregunta no entienden estos intelectuales? No somos ajenos a este país. El mismo contexto nacional, las afrentas, el sufrimiento, el dolor, las injusticias lacerantes, la trágica desigualdad, encarnan el significado de la pregunta. Esta es la pregunta en cuestión: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Los detractores de la consulta no son capaces de abogar por los expresidentes y actores políticos con deudas históricas con la nación. Aún tienen algún residuo de decoro y de vergüenza para no afirmar abiertamente que Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto fueron excelentes presidentes. Que no tuvieron ninguna responsabilidad en las matanzas de Aguas Blancas, Acteal, Tlataya, Allende, Nochixtlán, en la represión y violaciones de Atenco, en el incendio de la guardería ABC, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Como se puede advertir, no tienen argumentos para defender a los expresidentes neoliberales y otros actores políticos, pero tampoco quieren que se les haga un juicio. Y su único recurso es desacreditar la consulta popular. Callar la voz del pueblo. Dicen que es pérdida de tiempo, que no entienden la pregunta, que es un autoengaño.

El valor de la consulta consiste en que le da voz y voto al pueblo. Los ciudadanos son tomados en cuenta y participan en decisiones de trascendencia nacional. De esta manera, someter  juicio o no a los expresidentes, no queda solamente a expensas de la voluntad del Estado. Si sólo se tratara de aplicar la ley a los actores políticos, al hacerlo o no hacerlo, el gobierno quedaría atrapado en alguno de los dos supuestos perniciosos: venganza política o pacto de impunidad.

El propósito de la consulta es revestir de legitimidad lo que ya es legal. Nadie en su sano juicio votaría por el NO en la boleta. El respaldo multitudinario que le darán los votos de millones de ciudadanos al Estado, harán que se implementen procesos justos y transparentes, cuya verdad y justicia lleven a reconciliar al pueblo con su pasado.

Este ejercicio político de la consulta popular es un paso hacia delante en la ruta de una democracia participativa. Es necesario que el pueblo acuda masivamente a la urnas a depositar su voto, ya que para que el resultado de la consulta sea vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, se requiere de que haya una participación de cuando menos el 40% del padrón electoral, es decir, casi 37 millones y medio de votantes.

No dejemos de aprovechar la oportunidad de ejercer nuestro derecho constitucional. Participemos con nuestro voto en la consulta popular este primero de agosto.  Por la reconciliación de la nación, por la verdad, por la justicia a las víctimas del Estado.