Entre el 4 y el 14 de octubre de 2014, la Policía Estatal, bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública (SSP) Arturo Bermúdez Zurita, incurrió en violaciones a los derechos humanos, en abuso sexual y ejecuciones extrajudiciales contra indígenas de la etnia náhuatl en las Altas Montañas.
De acuerdo con la Recomendación 128 de 2020, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Omealca igual participaron en la desaparición forzada de una persona.
Los hechos ocurrieron el 4 de octubre de 2014, cuando elementos de la Policía de Omealca instalaron un retén en la carretera a Tezonapa, en donde detuvieron a una persona y a un acompañante a bordo de una motocicleta.
Metros más adelante, la Policía Municipal entregó a los dos detenidos a una patrulla de la Policía Estatal, y al día siguiente, uno de los jóvenes apareció desnudo y con huellas de tortura (huellas de golpes de cinturón en la espalda).
Familiares del joven «levantado» presentaron denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de Tezonapa, sin que la autoridad competente procediera con búsqueda inmediata de parte de la autoridad.
El 8 de octubre, policías estatales se presentaron en el domicilio de la familia del joven desaparecido, sin embargo, ninguno de los elementos proporcionó información.
En el caso del joven «levantado», tenía una relación sentimental con una persona, que a su vez era cortejada por un comandante de la Policía Estatal, de ahí que los uniformados le detuvieron y le privaron de la libertad.
Al otro día, se reportó la desaparición de otra integrante de la familia: una menor de 16 años que salió a comprar alimentos y regresó hasta el 18 de octubre, con signos de tortura.
En su testimonio, tanto en la denuncia que presentó en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, como ante personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), narró que una conocida de su hermano la citó en una parada de autobús en la entrada del municipio de Omealca.
La joven se presentó en el punto acordado y ahí fue levantada por sujetos armados que más tarde la entregaron a policías del Estado. La trasladaron a una base en la que había más personas.
«La llevaron a una base y ahí tenían a varias personas jóvenes, una de ellas del sexo femenino, los bañaron o los hicieron que se bañaran, les pegaron, abusaron de todas las personas incluyendo los jóvenes hombres y las dos mujeres, una de ellas al otro día por la tarde los fueron a tirar amarrados y vendados al río Tonto» (sic).
Días después, las otras personas que fueron arrojadas al mismo lugar fueron apareciendo sin vida a lo largo del río Tonto.
Los torturadores le dijeron que eso le pasaba por haberlos denunciado y eso le pasaría a su familia, no sin antes mencionarle que ahí en el río fueron a tirar a su hermano.
Ahí le preguntaron qué sabía de las patrullas, a lo que ella les indicó que no sabía de qué hablaban, ellos continuaron diciéndole que eran los mismos que se llevaron a su hermano y que a este último no lo podían dejar en el camino, les estorbaba, esto es porque la novia de él al mismo tiempo sostenía una relación sentimental con un policía de la Secretaría de Seguridad Pública.
La queja que se presentó ante la CEDH se archivó en abril del 2015, y para el 2018 la familia, ya con asesoría del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C, logró reactivar la queja y que se emitiera una recomendación por la violación a sus derechos humanos.
