Sin duda, hay exalcaldes cuyos excesos y despilfarros aún pesan sobre la memoria ciudadana y las arcas municipales. Casos como el de Poza Rica, durante la administración de Fernando “El Pulpo” Remes, siguen siendo recordados por sus cuestionamientos públicos y las irregularidades en el manejo de recursos. Pero no es un fenómeno aislado.
Recientemente, la reportera Isabel Ortega, del medio La Silla Rota, documentó irregularidades en la gestión del exalcalde de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro, hoy subsecretario de Gobierno. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó observaciones por 10 millones 586 mil 413 pesos, derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024.
De acuerdo con el informe 2024-D-30189-19-2114, la ASF revisó contratos financiados con recursos de FAISMUN, FORTAMUN y Participaciones Federales a Municipios (PFM), que sumaron 49 millones 80 mil 500 pesos.
En particular, la revisión de seis expedientes de adquisiciones y servicios, por 18 millones 78 mil 700 pesos, detectó irregularidades en dos contratos financiados con FORTAMUN por 7 millones 500 mil pesos. Se trata de los contratos ADQ-CTMTUX-061/2024 y ADQ-CTMTUX-062/2024, para auditorías técnica y financiera de la obra pública 2024.
Ambos expedientes presentaron entregas con fecha de 2014, mientras que el acta de entrega-recepción se elaboró hasta 2025, impidiendo acreditar que los servicios se prestaron conforme a los términos contractuales. La ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por esos 7.5 millones de pesos, más los rendimientos financieros correspondientes.
En cuanto a los contratos financiados con Participaciones Federales, se detectaron irregularidades en la adquisición de uniformes para policías por 5.2 millones de pesos y en la compra e instalación de un sistema de videovigilancia por 1.7 millones. Sin embargo, el municipio presentó documentación complementaria que permitió solventar 7 millones 10 mil 988 pesos, dejando la observación parcialmente atendida.
Por otra parte, en cuatro expedientes de obra pública financiados con FAISMUN 2024, por 31 millones 1 mil 800 pesos, se detectaron inconsistencias documentales. Tres contratos fueron solventados mediante pruebas de laboratorio y reportes fotográficos georreferenciados, pero el contrato DOP_2024301890030_I3_C036, correspondiente a la ampliación de electrificación en la colonia La Luna, en Alto Lucero, mantiene observaciones por 3 millones 86 mil 413 pesos, debido a la falta de acta formal de entrega y registro de los generadores instalados.
Situaciones similares ocurrieron en Poza Rica, donde a solo dos meses de iniciada la nueva administración, los ciudadanos todavía recuerdan los excesos y malos manejos de la gestión pasada. Estos casos no deben ser olvidados. Informar a la ciudadanía sobre las irregularidades pasadas no es solo un ejercicio de transparencia, es un deber para que los ciudadanos puedan confiar en las autoridades actuales y exigir rendición de cuentas real.