La violencia que sacude al área de Comercio del municipio no es un fenómeno reciente; es una herida que ha crecido y se ha perpetuado a lo largo de varias administraciones. Esta semana trascendió que, tras la ejecución de un inspector, la actual directora Viridiana Hernández Melgarejo habría solicitado su renuncia.
No es para menos, el nivel de violencia que envuelve al comercio informal ha alcanzado dimensiones que ponen en riesgo incluso a quienes solo buscan cumplir con su deber.
Lamentablemente, la historia se repite. Durante el gobierno de Alfredo Gándara Andrade un director de Comercio, de apellido Santes, fue ejecutado a balazos dentro de sus oficinas.
Posteriormente, otro inspector conocido como La Mirinda fue asesinado, y apenas en la administración anterior, Yahir León, director de Comercio, fue levantado. En días recientes otro inspector cayó a plena luz del día en la calle Heroico Colegio Militar, un hecho que, según algunos, habría motivado la decisión de Hernández Melgarejo.
El trasfondo de esta violencia tiene raíces profundas. El área de Comercio ha estado históricamente en entredicho, principalmente por los enormes beneficios que genera el cobro de piso al ambulantaje, un negocio que, según denuncias recurrentes, funcionaba como caja chica para los inspectores, la Tesorería Municipal y para los regidores de Comercio de turno.
Esta práctica ha permitido que el comercio informal crezca sin control, ya que en las últimas tres administraciones municipales se calcula un aumento de más del 150 por ciento la presencia de ambulantes, saturando calles, banquetas y espacios públicos.
La paradoja es clara, aunque las autoridades tengan la intención de regular este fenómeno, los intereses personales y económicos de algunos actores lo impiden. Las costumbres, en este caso, se han convertido en ley, pero la violencia que azota a los servidores públicos del área de comercio es solo la punta de la madeja de un sistema corroído por la impunidad y el negocio ilícito.
Lograr un verdadero orden en el comercio municipal no será fácil. Requerirá más que voluntad, exigirá valor político, transparencia y un compromiso real de cortar los intereses que han convertido un área clave del gobierno en un terreno donde la ley queda suspendida ante las amenazas y la codicia.