Xalapa, Ver.- Con fecha 11 de junio de 2021, un juzgado federal negó conceder una suspensión provisional a favor del exalcalde de Tihuatlán, Gregorio “N”, detenido el 7 de abril en la congregación Plan de Ayala.
En ese sentido, el equipo legal de Goyo “N” solicitó el amparo de la justicia de la Unión para invalidar actos de la Jueza Comisionada de Proceso y Procedimiento Penal con sede en Tuxpan, Veracruz, Verónica Portilla Suazo, en contra de su cliente.
Los abogados impugnaron actos dentro del juicio consistentes en desechamiento y no admisión de datos y medios de prueba, su incorrecta valoración y la resolución de legalidad de detención, prisión preventiva oficiosa.
Además protestaron contra el auto de vinculación a proceso dictado en el proceso penal 61/2021 y la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del tipo penal de ultrajes a la autoridad previsto en el artículo 331 del Código Penal del Estado de Veracruz.
Sin embargo, el Juzgado Octavo de Distrito resolvió no beneficiar a Goyo “N” con una suspensión provisional.
Hay que citar que este mismo tribunal determinó el pasado 6 de mayo de 2021 desechar la queja de Gregorio “N” contra la orden de traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 13, ubicado en el poblado de Miahutlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.
Cabe referir que a lo largo de los últimos 4 meses, la justicia federal ha negado el beneficio de la suspensión provisional a otros integrantes de la familia de Gregorio “N”.
Con fecha 7 de junio, el Juzgado 11º de Distrito igual determinó no emitir una suspensión definitiva a favor de Eugenio Gómez Lemus, propietario de VALEGE, S.A. de C.V. y de Corporativo Gómez Herrera contra actos de la Fiscalía General del Estado.
Otro caso es el de Esthepany Gómez Loya, hija de Gregorio “N”, el equipo legal de la familia recurrió al Juzgado Decimoprimero de Distrito para promover amparos contra una eventual orden de aprehensión contra la joven.
En respuesta, el Juzgado 11º de Poza Rica no solo determinó negar la protección de la suspensión definitiva, además exhibió la inexistencia de autoridades citadas en el juicio de amparo tramitado por Gómez Loya.
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