Xalapa, Ver.- Por medio de las recomendaciones 145/2020 y la 148/2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acreditó excesos de las policías preventivas municipales de Chumatlán y de Mecatlán.
Además, en este último municipio, Derechos Humanos resolvió que la síndica María Antonia Santiago Andrés incurrió en violaciones al derecho de la seguridad jurídica contra un detenido.
En el caso de Chumatlán, la CEDH advirtió que la policía ejecutó una detención arbitraria contra un ciudadano que simplemente se opuso a la extracción de grava en terrenos de su propiedad por parte de un hermano del alcalde Edgar Espinoza Salazar.
“Tal persona (el hermano del alcalde) se retiró y, como a los diez minutos, llegaron elementos de la Policía Municipal de quien me quejo y, sin darme explicación alguna, me detuvieron, me esposaron y subieron a una camioneta particular que llevaban y me trasladaron a la cabera municipal de Chumatlán”, narra.
Allí permaneció encerrado una hora, sin embargo, la versión de la autoridad difiere con la del detenido. De hecho, la CEDH afirma que la versión de la autoridad carece de veracidad.
“No aportó el registro de la detención y sostuvo versiones contradictorias, pues en un inició refirió el nombre de varios elementos que participaron en la detención del señor (…), pero, al requerirles rindieran su informe, dos de ellos negaron los hechos”, indicó la CEDH.
En Mecatlán, Derechos Humanos refiere que el 27 de mayo de 2019 un ciudadano fue detenido por elementos de la Policía Municipal sin causa justificada.
El afectado dijo que, para salir de la cárcel, pagó 2 mil 500 de manera personal a la Síndica Única Municipal de Mecatlán, María Antonia Santiago Andrés.
Al detenido lo relacionaron con un supuesto caso de abuso sexual, aunque en ningún momento se denunció dicho delito a las autoridades ministeriales.
En cambio, se le obligó a pagar 2 mil 500 pesos por concepto de «estudios» a una testigo, además de 500 pesos por concepto de consulta con una ginecóloga.
“La síndica municipal levantó un documento donde decía que yo salí inocente o algo así, pero por eso fue que me cobró los dos mil pesos”, refirió el agraviado.
Derechos Humanos acreditó que la síndica única y elementos de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Mecatlán, retuvieron ilegalmente al quejoso, pero que la policía sí incurrió en violaciones a la libertad personal.
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