VERACRUZ.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, concluirá este 15 de abril la sentencia de nueve años de prisión que cumplía por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; sin embargo, permanecerá en la cárcel debido a un nuevo proceso penal en su contra.
El exmandatario, recluido actualmente en el Reclusorio Norte, enfrenta un proceso por el presunto delito de peculado relacionado con el desvío de recursos públicos destinados al sector salud durante el año 2012.
En febrero de 2026, un juez federal determinó vincularlo a proceso por este nuevo caso y ordenó que continúe la investigación judicial, fijando como fecha límite el 17 de agosto para el cierre de la investigación complementaria.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que existían elementos suficientes para mantener abierto el expediente mientras se recaban más pruebas sobre el presunto desvío de recursos públicos.
La Fiscalía General de la República busca que Duarte enfrente una condena que podría alcanzar hasta 21 años de prisión en caso de que sea encontrado culpable por el delito de peculado.
Por su parte, el equipo legal del exgobernador presentó recursos legales para impugnar la decisión judicial y obtuvo una suspensión que podría detener temporalmente el avance del proceso mientras se revisa la resolución.
El cumplimiento de la condena original no modifica su situación jurídica actual, ya que desde noviembre de 2025 se le había negado la posibilidad de acceder a la libertad anticipada debido a que mantiene procesos penales pendientes.
Además del caso por peculado, también permanece abierto un expediente relacionado con el presunto delito de desaparición forzada en agravio de un policía estatal ocurrido en 2016.
Aunque inicialmente el exmandatario no fue vinculado a proceso por ese delito, la decisión fue impugnada, lo que mantiene vigente el expediente dentro del sistema judicial.
La trayectoria judicial de Duarte comenzó tras dejar el cargo como gobernador de Veracruz en 2016, en medio de diversas acusaciones relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos.
Ese mismo año se emitió una orden de aprehensión en su contra y posteriormente fue localizado en Guatemala, donde fue detenido antes de ser extraditado a México en 2017.
Un año después, el exgobernador aceptó los cargos mediante un procedimiento abreviado, lo que evitó la realización de un juicio público y derivó en la reclasificación del delito de delincuencia organizada a asociación delictuosa.
Como resultado, fue sentenciado a nueve años de prisión y al pago de una multa económica.
Durante su administración entre 2010 y 2016, Duarte fue señalado por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a sectores como salud, educación y programas sociales.
Las investigaciones también documentaron el uso de presuntas empresas fantasma utilizadas para desviar recursos federales mediante transferencias a cuentas alternas sin justificación.
En el proceso judicial, su extesorero Antonio Tarek Abdalá Saad declaró que, por instrucciones del entonces gobernador, se transferían recursos provenientes de fondos federales hacia una cuenta concentradora.
A estos señalamientos se sumaron denuncias relacionadas con la adquisición irregular de medicamentos, compra de insumos sin validez y almacenamiento de productos caducos en el sector salud.
El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares también denunció en su momento que durante esa administración se habría suministrado un producto inerte a menores con cáncer en lugar de tratamientos oncológicos.
A casi una década de su detención, la situación jurídica de Duarte continúa abierta debido a los procesos penales en curso, lo que mantiene su caso activo dentro del sistema judicial mexicano.