TAQUICARDIA
- Síndica se les va “al baño” con Discricar
- Parquímetros no cantan mal las rancheras
Por FABIÁN MARTÍNEZ
El 31 de diciembre del presente año, la empresa Discricar tendría que terminar el contrato que el gobierno de Poza Rica le autorizó para el manejo del servicio de limpia pública. Pero ha trascendido al interior del ayuntamiento que la síndica Lizeth Amairani Guerra Méndez sería el enlace con los representantes o prestanombres de la empresa, en la cual se dijo estaban asociados altos funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Con todo y las protestas por el mal servicio que prestan a la población, los camiones que son una “chatarra”, la contaminación que generan con la fuga de lixiviados y el desorden en los horarios de recolección en cada sector, el gobierno les otorgó el contrato pagando mensualmente alrededor de 4 millones de pesos.
En reiteradas ocasiones se hizo público que Discricar como empresa no reunía ni las normas, ni los permisos y factibilidades para prestar un servicio tan delicado como lo es la recolección de basura; pero, solapados por el Procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, nunca se hizo una investigación para que reuniera todos los requisitos que exigen las normas ambientales.
Con lo que se evidenció que existe un tráfico de influencias para que Discricar siga operando fuera de la ley, y bajo el solapamiento de las autoridades del medio ambiente en la entidad, creando así un círculo de corrupción entre funcionarios estatales y el gobierno de Poza Rica.
Ahora, faltando casi cinco meses para que el contrato termine, voces al interior del gobierno municipal rumoran que la síndica Lizeth Guerra Méndez está pidiendo a la empresa una “mochada” económica de 3 millones de pesos para autorizar de nueva cuenta otro año de contrato, mientras que los integrantes del nuevo Congreso estatal se acomodan para analizar la concesión que por 15 años solicitó Discricar.
Desde luego que en este asunto estarían inmiscuidos otros funcionarios como el caso del regidor de Tránsito y Vialidad, Rogelio Quiroz y el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Marco Tulio Rivera Domínguez y desde luego el alcalde Fernando Remes Garza.
Desde gobiernos anteriores es un secreto a voces que tanto la concesión de limpia pública, como la de parquímetros, representa un negocio millonario tanto para las empresas como para los funcionarios del gobierno de Poza Rica.
Aunque en este gobierno sea la síndica Lizeth Guerra la que se quiere comer la rebanada más grande del pastel, aun a sabiendas de todas las irregularidades que tiene la empresa Discricar y el mal servicio que se le da al pueblo de Poza Rica.
La ciudadanía alberga la esperanza de que el resto de los ediles cuestionen la situación y la lleven a una sesión de cabildo, porque no es justo que se siga despilfarrando el dinero de los pozarricenses para solapar empresas como Discricar que solo está haciendo negocio redondo junto con un minúsculo grupo de funcionarios que finalmente lo único que les interesa es tener llenos sus bolsillos de dinero.
¿QUÉ PASA CON EL AMPARO?
Y ya que estamos en el tema de las concesiones que han sido un enorme fraude para todos los pozarricenses, se le debe preguntar al señor presidente Fernando Remes Garza y a la regidora Marisol Hernández Moreno qué está pasando con el amparo promovido por el sujeto Julio Domínguez Canales, principal accionista de la empresa SM Vial, que va para 17 años con el negocio multimillonario de los parquímetros.
Al igual que con la concesión de limpia pública se sabe que el mercenario de los parquímetros se asesoró muy bien en términos jurídicos, pero mejor aún, se sabe que ofreció meter a la sociedad de SM Vial a prestanombres del alcalde en turno para que les tocara una “rebanadita” del manjar.
El asunto es que también se sabe que Domínguez Canales siempre ha sido “trampa” y actualmente tiene un adeudo de casi 400 mil pesos correspondientes a dos meses, con los nuevos socios de la empresa.
Negocio aparte lo que le corresponde al actual cabildo es analizar todas las argucias jurídicas para echar abajo el amparo y en su caso terminar finalmente el contrato de concesión con SM Vial para que sean nuevas empresas con equipos modernos y sin cometer tantos abusos y arbitrariedades, se les dé la oportunidad de manejar los parquímetros o en su caso el mismo gobierno municipal.
Finalmente no dejarían de ser un gran negocio millonario, que durante tantos años ha tenido un pequeño grupo de personas en Poza Rica, que ahora disfrutan de una enorme fortuna gracias a dicha concesión.
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