E&P Edificaciones Empresa de Edomex obtuvo contrato bajo invitación restringida.
Álamo, Ver.- El gobierno de Pepe Arenas le pagó 3 millones de pesos a una empresa del Estado de México por sacar el lodo de la inundación que estaba en el recinto ferial, escombros que terminaron arrinconados en el sitio, con olores pestilentes que en su momento fueron queja de los visitantes.
La compañía E&P Edificaciones y Proyectos Civiles SA de CV ganó, a invitación restringida, 2 millones 994 mil 307.50 pesos por quitar el lodo en un terreno que ya había sido conformado desde pasadas administraciones.
E&P Edificaciones es la misma empresa que en 2025 contrató el Congreso del Estado por 4 millones 999 mil pesos para realizar trabajos de limpieza en las instalaciones del edificio ubicado en la calle Encanto, en la capital del estado, también bajo el esquema de contratación por invitación a cuando menos tres personas.
De acuerdo con información en medios digitales, la compañía tiene como socios a David Antonio Velázquez Núñez y Sergio Pozas Martínez. En Veracruz, su apoderada legal es María Valeria Salas Castellanos.
OBRA CUESTIONADA POR EL PUEBLO
La supuesta «rehabilitación» del recinto ferial consistió en trabajos de mejoramiento del área de terracerías, que incluyen: renivelación, afine y compactación de la superficie con maquinaria; extracción de material tipo II para revestimiento; tendido, conformación, afinamiento del material de revestimiento y su compactación final.
Con una inversión reportada de 3 millones de pesos, extraídos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) del ejercicio 2026, el resultado tangible dista mucho de lo que el término «rehabilitación» sugiere.
La ficha técnica de la obra indica que fue programada para ejecutarse entre marzo y abril; sin embargo, el panorama es muy distinto al de un recinto ferial moderno y funcional. Evidencias fotográficas entregadas al ORFIS revelan simplemente una extensa explanada de tierra y grava compactada, con escasas huellas de maquinaria pesada.
No se consideraron instalaciones pluviales, de drenaje o cualquier otra infraestructura que justifique la millonaria suma invertida. Parece que la «rehabilitación» se limitó a un simple movimiento de tierras y compactación del suelo, una operación que difícilmente debería alcanzar los tres millones de pesos.
El uso de fondos federales como el FORTAMUN-DF, destinados a fortalecer las capacidades de los municipios, debería estar sujeto a un escrutinio más riguroso para asegurar que se utilicen de manera eficiente y transparente en beneficio de la comunidad.
Las autoridades municipales tienen la responsabilidad de aclarar este asunto y demostrar que cada peso invertido en la supuesta rehabilitación del recinto ferial fue utilizado de manera justificada.
El pueblo de Álamo tiene derecho a saber cómo se gastan sus recursos y a exigir obras públicas de calidad que realmente mejoren su calidad de vida, no simples parches de tierra que ocultan un posible mal manejo de fondos.
La falta de transparencia y la disparidad entre la inversión y el resultado visible plantean serias dudas sobre la gestión de los recursos públicos en Álamo, pero esto no es todo: existe también un desastre financiero en Tesorería, una bomba de tiempo que está a punto de explotarle al alcalde.