A 8 meses de gestión, obra pública y darle seguridad al pueblo han sido su debilidad.
ÁLAMO, VER.- A ocho meses del inicio de la administración de José Roberto Arenas Martínez, Álamo Temapache enfrenta una acumulación de problemas que coloca al Gobierno Municipal bajo presión. Inseguridad, crisis policial, infraestructura dañada, drenajes vulnerables, obras modificadas y comunidades que continúan esperando soluciones forman parte del panorama que enfrenta el municipio durante el primer año de la actual administración.
Uno de los principales cuestionamientos se encuentra en el programa de obra pública. El Ayuntamiento aprobó en marzo su programa de obras 2026 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con 121 acciones destinadas a diferentes comunidades del municipio. Sin embargo, durante el ejercicio presupuestal se han registrado modificaciones a proyectos originalmente contemplados y reportes periodísticos han documentado la salida de 57 obras del programa de inversión.
Entre los proyectos señalados aparecen trabajos de agua potable, drenaje, caminos y espacios públicos, precisamente algunos de los servicios que mayor demanda tienen en las comunidades de Álamo. El Ayuntamiento tiene la obligación de explicar qué ocurrió con esos proyectos, cuáles fueron cancelados, cuáles fueron sustituidos y qué destino tuvieron los recursos asignados.
El cuestionamiento adquiere mayor fuerza porque las modificaciones se producen en un municipio que todavía enfrenta carencias de infraestructura básica. No basta con aprobar programas de obra en Cabildo, los habitantes requieren calles transitables, drenaje funcional, agua potable y obras que reduzcan los riesgos durante la temporada de lluvias.
La situación del drenaje es uno de los pendientes más evidentes. En mayo, habitantes denunciaron que drenajes y alcantarillas continuaban dañados después de la inundación de 2025 y advirtieron que el municipio enfrentaba la temporada de lluvias con infraestructura vulnerable.
El problema no es menor. Álamo sufrió graves afectaciones durante la inundación del año pasado y, meses después, parte de esa infraestructura continuaba sin una solución definitiva. La administración municipal llegó con la obligación de atender los servicios públicos y reducir los riesgos para la población, pero los reclamos muestran que las necesidades siguen presentes.
La atención mediante labores de desazolve y limpieza puede resolver emergencias inmediatas, pero no sustituye la reparación de infraestructura dañada. El reto para el Ayuntamiento es que los trabajos temporales se conviertan en obras permanentes y que las zonas que históricamente se inundan cuenten con infraestructura suficiente antes de que vuelva a presentarse una emergencia.
La seguridad representa el problema más grave
Durante 2026 se han registrado homicidios y ataques armados en el municipio. Un recuento periodístico difundido en agosto contabilizó al menos 15 homicidios durante el año, mientras distintos hechos violentos han mantenido a Álamo dentro del mapa de inseguridad del norte de Veracruz.
La situación llegó a un punto crítico en agosto. Una patrulla de la Policía Estatal estuvo involucrada en un accidente que provocó la muerte de un ciudadano. Después del hecho, habitantes incendiaron unidades policiales y se registraron protestas contra las corporaciones de seguridad.
Posteriormente, fueron separados de sus funciones el director de Seguridad Pública y nueve elementos policiales. El episodio representa una de las mayores crisis institucionales que ha enfrentado el Gobierno Municipal durante sus primeros ocho meses.
El propio alcalde reconoció que desde marzo había recibido quejas provenientes de 18 comunidades rurales por presuntos abusos y arbitrariedades cometidos por elementos policiales. Las inconformidades fueron comunicadas a las autoridades estatales, pero el conflicto permaneció abierto hasta que terminó convertido en una crisis pública.
El resultado es contundente: meses de quejas, una protesta que terminó con patrullas incendiadas y una posterior remoción de mandos y policías.
La población no solamente reclama mayor seguridad, reclama corporaciones en las que pueda confiar. Y la crisis de confianza representa uno de los principales pendientes de la administración municipal.
A esta situación se sumó la detención de cinco elementos de la Secretaría de Marina y un policía estatal señalados por su presunta participación en un caso de secuestro exprés y extorsión relacionado con Álamo. La investigación corresponde a las autoridades competentes, pero el hecho vuelve a colocar al municipio en medio de una problemática de seguridad que no ha sido resuelta.
Estragos de la inundación de 2025 aún presentes
Alrededor de 600 familias ubicadas en zonas consideradas de riesgo fueron contempladas para procesos de reubicación, mientras la reconstrucción de infraestructura dañada continúa. El problema es que una parte de las familias sigue expuesta a las mismas condiciones que provocaron la emergencia anterior.
El sector citrícola tampoco ha logrado recuperarse completamente
Productores de Álamo han denunciado dificultades para recuperar sus parcelas y pérdidas ocasionadas por las inundaciones. Para un municipio cuya economía depende en buena medida de la producción de naranja, la recuperación del campo debería representar una prioridad.
La situación de los citricultores se suma a la problemática de caminos rurales, infraestructura y servicios que afectan directamente la actividad productiva.
No se trata solamente de entregar apoyos después de una emergencia. La recuperación económica requiere caminos en condiciones, servicios, infraestructura y gestión permanente para que los productores puedan volver a producir y comercializar.
El panorama deja varios pendientes concretos sobre la mesa. El primero es la obra pública. La administración debe transparentar las modificaciones realizadas al programa de inversión y explicar qué ocurrió con los proyectos retirados.
El segundo es el drenaje. Los daños ocasionados por la inundación no pueden permanecer como una explicación permanente para la falta de infraestructura.
El tercero es la seguridad. Las quejas acumuladas desde marzo y la crisis policial de agosto muestran que el problema fue creciendo hasta convertirse en un conflicto abierto entre ciudadanos y corporaciones.
El cuarto es la atención a las comunidades rurales. Los reclamos de seguridad, caminos, infraestructura y apoyo al campo muestran que las necesidades no se concentran únicamente en la cabecera municipal.
Y el quinto es la reconstrucción. A casi un año de la inundación, todavía existen familias, productores e infraestructura que esperan soluciones definitivas.
Álamo Temapache necesita resultados, no solamente anuncios
La actual administración recibió un municipio con problemas, pero después de ocho meses ya corresponde evaluar qué ha cambiado bajo su conducción. Los daños de 2025 explican parte de la situación actual, pero no pueden convertirse en una justificación permanente para los pendientes de 2026.
El Gobierno Municipal tiene bajo su responsabilidad una parte importante de los servicios, la obra pública, la prevención, la atención a emergencias y la coordinación de la seguridad. En esos rubros es donde debe medirse su desempeño.
La realidad que enfrentan hoy los habitantes de Álamo es difícil de ignorar: la inseguridad continúa, los problemas de infraestructura persisten, existen obras modificadas y comunidades que siguen esperando soluciones. A ocho meses de gobierno, el reto ya no es presentar un diagnóstico, es demostrar resultados.