Para nadie es un secreto que en Veracruz, y especialmente en Poza Rica, las leyes muchas veces parecen hacerse costumbre más que obligación. Lo que se observa es un contubernio claro entre las autoridades estatales y los sindicatos de taxistas, y la razón detrás de esta tolerancia es evidente: los taxistas también son votantes, y el próximo año habrá un proceso electoral crucial en todo el estado.
Desde el pasado fin de semana, sin autorización oficial, los taxis colectivos comenzaron a cobrar 15 pesos en la mayoría de las rutas urbanas y hasta 20 pesos en algunas zonas más alejadas. En redes sociales, de manera anónima, los propios choferes difundieron que todos debían cobrar la tarifa establecida, amparándose en que los usuarios no tienen alternativa, necesitan del servicio para sus actividades cotidianas.
Lo más grave es que las autoridades del transporte público y la propia gobernadora Rocío Nahle parecen hacerse de la vista gorda. La lógica es clara: si no permiten que los taxistas aumenten sus tarifas ahora, ¿cómo les pedirán después que apoyen al partido oficial en las urnas?
El problema es que el pueblo es mayoría y nadie está dispuesto a ver cómo le afectan directamente en el bolsillo. No se trata de un peso o dos, sino de un aumento de 3 pesos por viaje, que para familias que dependen del transporte diario representa un golpe tangible.
Algunos taxistas tuvieron la “amabilidad” de avisar a los usuarios que la tarifa comenzaría a aplicarse de inmediato, y que quien no pague los 15 pesos simplemente deberá buscar otra forma de transporte. Así de simple, así de tajante.
Y mientras tanto, la ciudadanía observa impotente cómo se priorizan intereses electorales sobre la regulación, la ley y la justicia social. Veracruz enfrenta un dilema recurrente: el equilibrio entre gobernanza y clientelismo. Y al final, siempre parece que quien paga la factura es el pueblo.