Poza Rica, Ver.- La Secretaría de Medio Ambiente del Estado ha dejado de realizar el control y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en la materia y de igual modo la dirección de Tránsito Estatal tampoco hace su parte al permitir la circulación de estas unidades que carecen de verificación vehicular.
Tan solo Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y Xalapa rebasan los límites de contaminación permisibles para contar con un aire sano, por ello, concesionarios decidieron tomar acción legal en contra de los funcionarios públicos irresponsables, debido a que se han dejado monitorear los índices de contaminación y empresas como Petróleos Mexicanos, Transporte Público y particulares siguen incrementando la contaminación deteriorando la salud pública a pasos agigantados.
Por ello, la Contraloría General del Estado de Veracruz fue denunciada por el incumplimiento legal de la Ley Estatal de Protección Ambiental del Estado, y solicitan se juzgue y se le haga pagar al gobierno estatal la cantidad de 4,557,980 pesos a cada concesionario dando un total de $1,176,000,000 por las pérdidas económicas correspondiente a la omisión de que los denunciados fueron objeto por no activar el programa de verificación de emisiones contaminantes estatal.
De acuerdo con la denuncia interpuesta por Eduardo Casares Sort, vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación, el gobierno quiere imponer el servicio de verificación vehicular como un impuesto, volviéndolo un derecho, pero esto a través del uso de la infraestructura y capital de los concesionarios, además de amenazar al automovilista con un embargo de su unidad si incumple el pago, sin embargo, todo esto tiene un trasfondo.
Con verificación vehicular, en teoría, se debería salvaguardar el medio ambiente en el estado, pero esto se ha desvirtuado, al extremo que en 2020 solo el 19% de los automóviles pasaron por esta revisión, de acuerdo con datos de los 258 concesionarios.
En Veracruz el parque vehicular es de 2,100,000, los cuales tendrían que verificar 2 veces al año, por lo que por ambos periodos se deberían realizar 4,800,000 verificaciones, pero solo se realizaron 500 mil en 2020, por lo que en vez de inventar un impuesto deberían activar el programa de verificación vehicular y no permitir que circulen los vehículos automotores que carezcan del holograma.

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