Respiro a Lilia Arrieta para solventar daño patrimonial

Respiro a Lilia Arrieta para solventar daño patrimonial

ORFIS otorga prórroga tras emergencia por inundaciones, pero no significa que la exime de responsabilidades, advierte organismo

Hipólito Moreno Tapia

Álamo, Ver.- La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, anunció este jueves que cuatro municipios de la zona norte contarán con una prórroga para entregar la solventación de las observaciones de la cuenta pública 2024.

Entre los beneficiados figuran Álamo Temapache, Poza Rica, El Higo e Ilamatlán. Con ello, la alcaldesa morenista Blanca Lilia Arrieta Pardo tiene más tiempo para solventar observaciones, pero no la exime de responsabilidades.

Aunque la autoridad no precisó el nuevo plazo, justificó la medida por la emergencia causada por las recientes inundaciones en la región. En Álamo Temapache, el desbordamiento del río Pantepec el 10 de octubre afectó también seriamente al palacio municipal, lo que obligó a la administración local a detener temporalmente las labores administrativas.

La prórroga representa un respiro para la presidenta municipal Blanca Lilia Arrieta, señalada por presunto daño patrimonial, pero no la libera de responsabilidad. Según el ORFIS, de los 212 ayuntamientos veracruzanos, se detectaron irregularidades por más de 1 mil 537 millones de pesos en 174 municipios, y Álamo Temapache ocupa el cuarto lugar con 22 millones 224 mil pesos en presunto daño patrimonial, solo detrás de Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán e Hidalgotitlán.

Durante el tercer año de su administración, los recursos municipales no fueron debidamente justificados, lo que mantiene a la alcaldesa en el centro de la polémica.

En la zona norte, el ayuntamiento de Álamo Temapache es primer lugar en presunto daño patrimonial y supera a otros municipios como Zozocolco de Hidalgo, Ilamatlán, Coyutla, Espinal, El Higo y Zontecomatlán, consolidando su posición entre los más señalados por despilfarro y gastos no comprobados.

El ORFIS recalcó que, aunque la emergencia por las inundaciones ha detenido temporalmente la obligación de solventar las observaciones, la administración municipal debe rendir cuentas y responder por los recursos públicos faltantes. La prórroga es un respiro, pero no un borrón de las irregularidades detectadas.