Orizaba, Ver.- El reordenamiento vial en Veracruz es otra de las entradas de dinero que abonará a la licuadora con la que el gobierno del estado intenta solventar sus finanzas; organizaciones de taxistas en la zona revelan lo que podría ser el esquema con el cual la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dispondrá de 15 por ciento de los ingresos económicos totales de este programa, que contempla a 104 mil concesionarios, para cubrir sus gastos de operación.
El objetivo, más allá de detectar posibles irregularidades en la entrega de concesiones de taxis, es captar dinero «para que el gobierno del estado siga pagando salarios de sus empleados, funcionarios y los demás gastos que implica la función pública», es lo que opina José Luis Hernández, representante de la Coalición Estatal de Taxistas en esta zona centro del estado.
«En resumen lo que quiere el gobierno del estado es que seamos los veracruzanos los que paguemos los que funcionarios de Javier Duarte y él mismo se llevaron en la administración pasada».
Cada concesionario, señala, deberá de pagar de 8 a 9 mil pesos por el programa de reordenamiento. Ese dinero debe ser multiplicado por los 104 mil taxis que circulan en el estado, pero además se le debe agregar a los transportistas de pasajeros, mixto rural, servicio de carga, es decir todos aquellos que tienen concesiones estatales.
«Es un mundo de dinero. Es la realidad».
De cada pago, el gobierno del estado va a disponer de 15 por ciento bajo el concepto de «Fomento a la Educación», señala. «Esto nos llama la atención, porque por todos es sabido que al regreso a clases las escuelas del estado en complicidad con las llamadas sociedad de padres de familia obligan a que se paguen las famosas cuotas escolares, entonces nos preguntamos para qué va a servir el 15 por ciento que nos obligan a pagar en el reordenamiento vial.
«Lo que vemos claramente -continúa- es que se trata de otra licuadora con la cual el gobierno del estado pretende seguir cubriendo sus gastos. Lo dijimos al inicio de este programa y lo reiteramos de nuevo, se trata de un programa meramente recaudatorio que además perjudicará a por lo menos 17 mil concesionarios, presuntamente irregulares que pueden perder su concesión aun cuando cubrieron de forma correcta los pagos que el anterior gobierno les exigió.