Veracruz, Ver.- En la entidad operan grúas del corporativo Méndez en 64 delegaciones, que sin estar reguladas trabajan en los operativos contra automovilistas, con jugosas ganancias que jamás ingresan a las arcas de Hacienda Estatal.
La legalidad de estas empresas ni el propio titular de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTSV) lo sabe, ya que cada vez que se le cuestiona se muestra titubeante, nervioso y evasivo ante los medios.
Camps Valencia ha afirmado que el gobierno realiza un proceso de revisión para regular las concesiones de grúas, pero después lo ha negado, afirmando que “sí están reguladas”, lo que solo deja entrever su falta de conocimiento o su complicidad con estas empresas.
En todo el estado, la principal queja de los automovilistas gira alrededor de los excesivos cobros de las empresas de arrastre de vehículos en una evidente colusión con las autoridades de la Dirección General de Tránsito.
Los operadores exigen montos de entre los 12 mil a los 14 mil pesos a los concesionarios más un pago adicional por concepto de la multa por parte de la dependencia. Lo anterior, aun cuando los servicios estipulados contemplan cobros de no más de 370 pesos y de 37 pesos por servicio de corralón.
