En el estado de Veracruz, según el estudio “La infancia cuenta en México”, de la Red por los Derechos de la Infancia, 69.7% de los niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza.
Arturo Narváez Aguilera, académico de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, detalló que se trata de un millón 884 mil 666 menores. De ese total, 465 mil 419 estarían en pobreza extrema y un millón 420 mil 247 en moderada.
Explicó que en el estado ya existe un Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y cerca de 160 sistemas municipales que, hace falta, atiendan la problemática.
Si bien ya se concretó el sistema estatal, hace falta aterrizarlo en programas y políticas públicas concretas, refirió.
Falta atacar el problema
Considerando que hay pobreza, marginación y violencia en la entidad, se requiere de una institucionalidad pero también generar políticas que ataquen la problemática que están viviendo los infantes.
Detalló que se requiere presupuesto destinado a la protección, participación y prevención desde la Federación y el estado, pues el riesgo de no hacerlo es tener un sistema muy institucionalizado, pero que no transforme la vida de los niños, niñas y adolescentes.
Consideró que si bien ya se concretó el sistema estatal hace falta aterrizarlo en programas y políticas públicas concretas.
“Porque estás hablando de que Veracruz es uno de los estados que tiene más de 65% de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años en situación de pobreza”, dijo.
Considerando que hay pobreza, marginación y violencia en la entidad, se requiere de una institucionalidad pero también generar políticas que ataquen la problemática que están viviendo los infantes.
“Ahí me parece que está el pendiente, en esa lógica porque ante un estado que tiene tal cantidad de niños en situación de pobreza requiere acciones inmediatas y de voluntad presupuestaria de la Federación y el estado”, abundó.
Detalló Arturo Narvaez que se requiere presupuesto destinado a la protección, participación y prevención desde la Federación y el estado, pues el riesgo de no hacerlo es tener un sistema muy institucionalizado, pero que no transforme la vida de los niños, niñas y adolescentes.