Un rezago persistente desde 2018 eleva la dificultad del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información para garantizar dicho derecho a los ciudadanos.
Lo anterior, debido a que los anteriores comisionados dejaron de «herencia» cerca de 200 expedientes sin firma.
Es decir, las solicitudes de información de los ciudadanos a los sujetos obligados (entre estos el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los 212 municipios) nunca se concretaron debido a la falta de aval de los comisionados José Rubén Mendoza, Arturo Mariscal Rodríguez y Yolli «N», actualmente detenida en el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo por el delito de incumplimiento de un deber legal y abuso de la autoridad.
Al respecto, la comisionada del IVAI, Magda Zayas Muñoz, indicó que la falta de firma de los excomisionados y la excomisionada generó un rezago en cuanto a solicitudes de información o recursos de revisión que no ha podido eliminarse.
«Tenemos un tema pendiente porque hay aproximadamente al menos en mi ponencia cerca de 220 expedientes sin firma, que no se han podido atender porque son irregulares, porque les faltó la firma del excomisionado ponente y de la comisionada presidenta».
Explicó que tienen expedientes rezagados desde el 2018, pero no solamente corresponden a la ponencia de Mendoza Hernández, sino también a las de los excomisionados Yolli García Álvarez y Arturo Mariscal Rodríguez.
“El hecho de que exista rezago y que este rezago sea en expedientes sin firma también nos orilla a dejar antecedentes, a buscar los mecanismos para atender los expedientes aún con la faltas de firmas».
Zayas Muñoz indicó que buscan priorizar el derecho a la información, y por eso el IVAI atiende los asuntos que requiere un estudio de fondo.
“Son expedientes que se fueron integrando con actuaciones por falta de firmas y lo que nosotros estamos atendiendo es el derecho de los solicitantes porque quedaron en rezago, no se atendieron en tiempo y forma”.
Cabe agregar que la propia Comisionada Presidenta, Naldy Rodríguez Lagunes, advirtió que en el tema de recursos de revisión, el ente de transparencia no había dado resolución desde 2014, con lo cual, se acumularon los expedientes durante cinco años.
A la vez, Rodríguez Lagunes admitió que entre 20 y 30 denuncias por vulneración de datos personales continúan pendientes de resolución, siendo que muchas de las quejas acumulan una antigüedad de entre seis meses a incluso, un año.
Cabe recordar que otras de las acusaciones a los excomisionados destacan las de derroche de recursos en el ente de transparencia.
Y es que entre los gastos publicados por la Plataforma de Transparencia, se reveló que en el primer trimestre de 2020 los excomisionados gastaron cerca de 22 mil pesos en facturas de restaurantes argentinos, hospedajes en Villahermosa e incluso golosinas, y en tiendas de conveniencia.
En ese sentido, se había anunciado someter las cuentas del ente a un ejercicio de auditoría.
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