Los miembros de la Confederación Mexicana Independiente de Trabajadores (CMIT) han denunciado públicamente que fueron objeto de represión armada por parte de presuntos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en Moloacán, un municipio del sur de Veracruz.
Víctor Pérez Guerrero, secretario general de la CMIT, relató que el miércoles 7 de agosto, alrededor del mediodía, sus compañeros estaban a punto de iniciar labores de construcción en el pozo Balamín Krem-01 de Petróleos Mexicanos (Pemex), actualmente en perforación. Pérez Guerrero explicó que Pemex, mediante una toma de nota, autorizó a la empresa Trasecol a contratar a trabajadores del sindicato CMIT de la región de Moloacán.
El líder sindical indicó que los conflictos laborales se intensificaron, resultando en agresiones. Acusó también a la policía estatal en Villa Cuichapa, Moloacán, de colaborar con las Confederaciones Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y de Trabajadores de México (CTM).
Según el comunicado de CMIT, dos trabajadores, Gabriel Esteban Gómez y Andy de Jesús Esteban Gómez, fueron detenidos por marinos y mantenidos incomunicados durante más de 12 horas. Después de ser brutalmente golpeados, fueron liberados, al igual que Tomás Salomón Gómez, María Eugenia Sánchez Gómez y Gabriel Hernández Domínguez.
Además, un grupo de personas vinculadas con CATEM y CTM irrumpió ilegalmente en el sitio de la obra, rompiendo los candados de las máquinas de construcción de Trasecol y tratando de usarlas para su propio beneficio. Pérez Guerrero se dirigió al representante de la empresa, recordándole que la toma de nota de Pemex favorece a CMIT y que, aunque las máquinas pertenecen a Trasecol, la acción de CATEM al sacar la maquinaria pesada era ilegal.
Pérez Guerrero y los trabajadores presentaron denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz contra los representantes de CATEM, CTM, Semar y la Policía Estatal. Sin embargo, el agente del Ministerio Público rechazó recibir las denuncias, indicándoles que regresaran el viernes para formalizarlas. La denuncia quedó registrada bajo el numeral C-VI-5.
