No cabe duda que en muchas ocasiones las costumbres terminan imponiéndose como si fueran leyes. Apenas esta semana, la gobernadora Rocío Nahle anunció que oficialmente no había incremento en la tarifa del transporte público, específicamente en la modalidad de taxis. Sin embargo, la realidad en las calles parece tener otros planes.
En Poza Rica, por ejemplo, varias rutas ya cobran 15 pesos, como ocurre con quienes viajan hacia Kawatzin. Los usuarios se quejan, sí, pero la protesta queda en el aire porque ninguna autoridad levanta la voz, y los mismos taxistas gritan a los 4 vientos que tienen y gozan de la protección de las autoridades de la delegación del transporte público.
Lo irónico es que desde el aumento anterior a 10 pesos nunca hubo autorización oficial por parte de la autoridad estatal. Pero eso no parece importarles a los chafiretes, ya que ellos mismos se han autorizado un nuevo aumento, y el usuario, guste o no, termina pagando los 15 pesos.
Si bien la gobernadora puede salir a los medios a asegurar que no hay incremento en Veracruz, la práctica diaria demuestra lo contrario. El problema no es solo el cobro excesivo, sino que la tolerancia y complacencia de las autoridades locales han convertido estas irregularidades en costumbre. Y entre líneas, la percepción ciudadana apunta a que esta complacencia podría tener un precio bajo la mesa.
En pocas palabras, mientras no exista una fiscalización real y efectiva, las tarifas seguirán subiendo al ritmo que los taxistas decidan, y los usuarios seguirán pagando, no por ley, sino por resignación. Así, la autoridad se vuelve testigo silencioso de lo que, a todas luces, es un abuso que se ha normalizado en el transporte público.
Al final, queda la pregunta en el aire: si las costumbres se vuelven leyes en Poza Rica y en el estado, ¿quién realmente pone orden? Porque por ahora parece que el único mandato que rige en las calles es el del volante y del bolsillo del chofer.
Y desde luego que tema aparte es el gran negocio en que se ha convertido el caso de los famosos taxis tolerados, es decir, aquellos que trabajan sin tener una concesión, y ahí también cabe preguntarse: ¿quién lo permite y si también de esto tiene conocimiento la gobernadora Rocío Nahle?
Pero bueno, ese será un tema aparte que después tocaremos en este espacio, pues mientras los concesionarios se quejan de que ser taxista ya no es negocio, el asunto es que todos quieren trabajar en el oficio, incluso sin tener concesión.
