El reciente caso de la denuncia pública contra la cadena abarrotera Alvisar, ubicada en el centro de Poza Rica, no es un hecho aislado ni un simple conflicto entre particulares. Es, en realidad, la radiografía de un problema mucho más profundo que desde hace años se arrastra en el municipio: la apropiación ilegal de las vías públicas con la venia de las propias autoridades.
Lo ocurrido, donde un maestro resultó agredido por personal de la tienda, dejó al descubierto una práctica normalizada: quien paga “derecho de piso” se siente dueño de la calle, del paso peatonal y del espacio común, y peor aún, con la autoridad moral de confrontar o agredir a cualquier ciudadano que se atreva a reclamar lo que por ley pertenece a todos.
Y es que en Poza Rica las banquetas, calles y espacios públicos parecen no tener dueño, porque paradójicamente todos se sienten propietarios. Comerciantes, ambulantes y cadenas comerciales operan bajo reglas no escritas, pero bien entendidas, impuestas y toleradas por las áreas de Comercio, Tránsito y Vialidad del gobierno municipal. Así, lo público se volvió mercancía y el orden, un favor negociable.
El caso Alvisar solo evidenció lo que ya se sabía: que las autoridades dejaron de regular y optaron por administrar el caos. Y cuando el caos se administra, alguien siempre gana… y ese alguien nunca es el ciudadano de a pie. Este será, sin duda, uno de los grandes retos del próximo gobierno municipal: recuperar el control del espacio público y devolverle a la ciudadanía lo que nunca debió perder.
Pero el reto no será menor, porque dentro de la próxima administración estarán los mismos actores que permitieron —y en muchos casos fomentaron— este desorden. Ahí se sabrá quién manda realmente, ahí se verá si el nuevo gobierno actúa o simplemente administra inercias. Y ahí quedará claro si Poza Rica tendrá autoridad o seguirá siendo tierra de nadie, donde la calle “es de todos”, pero manda el que paga.