En las 12 horas que duró la audiencia, Javier Duarte no pronunció más de cuatro palabras.
Vestido con el uniforme caqui de los presos en el Reclusorio Norte, el exgobernador de Veracruz escuchó el sábado en silencio el momento en que el juez decidió que había pruebas suficientes para iniciar un proceso en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Luego, solo bebió un poco de agua.
Fue un Javier Duarte distinto al de ocasiones anteriores. Lejos quedaron las sonrisas, señas y gestos de burla de las audiencias de su proceso de extradición de Guatemala transmitidas por televisión, o el protagonismo que tuvo en la audiencia inicial del lunes pasado en México, donde él mismo hizo más de 20 preguntas que pusieron en serios aprietos a los fiscales de la PGR.
La de ayer fue casi desde el inicio otra película, que no tuvo un final feliz para el exgobernador y sus siete abogados.
La Procuraduría General de la República, que en la audiencia inicial del lunes envió solo a tres fiscales, esta vez duplicó su fuerza: seis agentes del Ministerio Público entre ellos el propio subprocurador de Delincuencia Organizada de la PGR, Israel Lira Salas.
Completaba el equipo de los acusadores el representante jurídico de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien tampoco había estado en la primera audiencia.
“Nos quieren montonear. Esto no es legal” dijo el abogado defensor Marco Antonio del Toro, al darse cuenta que en realidad estaban prácticamente en igualdad de fuerzas. El lunes la diferencia era de 2 a 1 en favor de la defensa.
Tres derrotas clave de inicio
La audiencia de ayer, que era vital debido a que existía la posibilidad de que Javier Duarte pudiera quedar libre, inició prácticamente con una queja de la defensa. Fue la primera de tres que no fructificarían y que marcarían la ruta cuesta arriba para los abogados.
El reclamo de la defensa fue que la Procuraduría General de la República intentaba sacar una supuesta ventaja con la presencia del funcionario de Hacienda. Fue ahí cuando el abogado dijo que los querían “montonear”. Pero el juez desechó el reclamo al concluir que Hacienda, como denunciante, es parte de equipo de la fiscalía.
El siguiente alegato de la defensa vino casi de inmediato cuando pidieron que no se tomara en cuenta la declaración de Alfonso Ortega López, exabogado de Duarte y uno de los testigos clave de la PGR en la investigación.
De acuerdo con Del Toro la declaración presentaba varias inconsistencias, entre ellas, que dicha persona pudo haber sido “coaccionada” para que declarara contra el exgobernador a cambio de obtener beneficiados como la suspensión de la orden de aprehensión
Tambien argumentó que en el expediente que se le había dado a la defensa no estaba el video de la declaración de Ortega López y que lo tuvieron que conseguir “con muchos trabajos” en Guatemala. Agregó que al comparar el video con una versión transcrita de la declaración que sí les entregaron, esta presentaba variaciones.
“Es una prueba alterada” aseguró enfáticamente el defensor de Duarte. Y lo repitió dos veces.
Pero el juez rechazó primero, que se desestimara esta declaración como pedía la defensa cuando la PGR todavía no presentaba sus elementos, en un segundo momento el juzgador dijo que aun cuando pudiera haber errores en la transcripción era un “dato de prueba” válido en el caso.
La tercera petición, que también se convirtió en una derrota para los abogados de Duarte, se dio cuando la PGR comenzó a leer la declaración de Ortega López quien, de forma detallada, acusa al exgobernador de encabezar múltiples operaciones ilegales para enriquecerse.
La lectura de esta declaración por parte de una de las fiscales de la PGR llevó casi 50 minutos pero antes de los primeros 10 minutos, Del Toro intentó frenarla diciendo al juez que era suficiente con que la PGR anunciara dicho testimonio pero no que lo leyera completo.
“¿Y usted cómo pretende entonces que yo y todos los que estamos aquí en esta audiencia sepamos que dijo esta persona? Porque yo decido en base a lo que aquí escucho”, respondió el juez a Del Toro y le negó su tercera petición.
Resignados los defensores, todos en la sala escucharon la declaración de Ortega en la que se describe una operación de fraude al erario que arrancó casi desde el primer día de la administración Duarte con el fin de enriquecerse.
Esta incluyó desde la adquisición de propiedades que van de Veracruz a Nueva York, hasta la compra de unos aretes en Polanco por 40 mil dólares o un anillo de 160 mil dólares para Karime Macías. Incluso Ortega detalla pagos millonarios que tuvo que hacer en efectivo, como el de 70 millones de pesos al “periódico Reporte Índigo”.
Para este momento ya habían desaparecido las sonrisas entre los defensores del exgobernador de Veracruz, algo que fue común en la audiencia inicial. Duarte por su parte, se limitó a lo mismo que la mayor parte de la audiencia: tomar agua y permanecer en silencio.
Un as bajo la manga… y una amante
En la audiencia inicial la PGR tuvo problemas para exponer al menos de forma general datos que le requirió el juez Gerardo Moreno a petición de la defensa. Esta vez se notó que los fiscales hicieron la tarea.
Durante casi dos horas la PGR describió 82 datos de prueba que consideró fundamentales para comprobar dos cosas: uno, que Duarte era la cabeza de una “organización criminal” que saqueó recursos públicos de Veracruz y dos, que a través de prestanombres adquirió propiedades y bienes con dinero que éstos se encargaron de “lavar”, es decir, de ocultar su origen.
Fueron 82 datos de prueba escogidos en un expediente de investigación que contiene más de 123 mil datos como el propio juez lo destacó.
La intervención de los fiscales guardaba además un as bajo la manga. En el equipo incluyeron a un alto funcionario que si bien, no formaba parte de las personas que desde el año pasado han llevado la investigación pues pertenece a otra subprocuraduría, sí consiguió explicar de forma sencilla y sin leer un solo papel todo el caso.
Se trataba del propio titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) Israel Lira Salas.
En no más de 30 minutos pero valiéndose de una presentación electrónica con unos 20 gráficos y esquemas, Lira expuso la red de empresas fantasma que habían triangulado recursos para “fondear” a dos compañías: Brades y Terra, que simularon la compra de terrenos ejidales en Campeche a prestanombres de Duarte que se hicieron pasar como ejidatarios, y con un sobreprecio de más de 16,000%.
“Estas personas compraron a verdaderos campesinos un metro cuadrado de tierra a un peso, y un año después lo vendieron en 253 pesos” dijo Lira. El subprocurador de PGR aclaró que todo fue simulado pues las empresas en realidad eran parte de la misma red que compró los terrenos por casi nada, pero se trataba de dar una apariencia legal al dinero.
“Para colmo el campesino Mansur – como irónicamente se refirió varias veces al empresario lo que generó murmullos y risas en la audiencia – ni siquiera pagó un peso de impuestos por estas transacciones” dijo el subprocurador.
Antes de concluir su intervención el alto funcionario dijo que en la audiencia inicial los abogados de Duarte al parecer habían estado “muy preocupados” porque la PGR les dijera a cuánto ascendían los recursos desviados y de que dependencias habían salido.
“No es el tema del caso ni lo relevante porque el lavado de dinero se puede cometer con un solo peso, si tanto nos interesa hacer matemáticas aquí les dejamos esta información” dijo el subprocurador. La lámina mostrada en pantalla revelaba múltiples salidas de cinco dependencias de Veracruz por más de mil 600 millones de pesos, presuntamente a empresas fantasma.
“Esta es una investigación que no ha terminado”, con esta frase se despidió el subprocurador, quien ya no regresaría a la audiencia luego del receso de la comida. Ni hizo falta.
Para este momento los gestos entre los defensores de Duarte y la forma en que se susurraban entre ellos parecían confesar que el daño estaba hecho.
La exposición de la PGR continuó con la descripción de otras pruebas y declaraciones, entre ellas, la de Juan Janeiro Rodríguez, otro exabogado de Duarte que ahora colabora con la PGR. Este narró varias operaciones irregulares con recursos públicos que le ordenó el exgobernador.
“Esto llegó al punto que una vez, el 28 de febrero de 2014, me llegó un mensaje urgente para comprar una camioneta Land Rover y un departamento en la Ciudad de México, Cuando pregunté me dijeron que era para Xochitl 3, la novia del exgobernador. Eso fue con dinero público” dijo Janeiro.