Ciudad De México.- Crónica de 12 horas de audiencia en la cárcel del norte de la Ciudad de México. El juez acepta las pruebas de la fiscalía. El exgobernador de Veracruz irá a juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Pasar desapercibido, fundirse con el revoltijo jurídico de los abogados, convertirse en un argumento legal, sentarse, mirar a los lados, doblar papeles como quien firma decretos. Javier Duarte vivió ayer el principio del fin. Su fin. El juez aceptó finalmente las pruebas de la fiscalía mexicana y decidió procesarlo por dos delitos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. O, dicho de otra forma, por robar. Por robar, hacer robar y tratar de disimular.
El Ministerio Público presentó 82 pruebas contra Duarte. Las hay de todo tipo, pero las más importantes son los testimonios de tres de sus antiguos colaboradores. Se trata de Alfonso Ortega, abogado y uno de los arquitectos de la trama de empresas falsas; de Arturo Bermúdez, antiguo jefe de la policía de Veracruz, actualmente en prisión y de Juan José Janeiro, abogado señalado como otro de los arquitectos de la trama.
Durante la semana, la presión había sido muy alta. La defensa de Duarte había vendido la sensación de que el caso de la PGR era muy débil. El historial de la propia institución hacía el resto. No hubiera sido la primera vez que un tribunal desechaba uno de sus casos estrella. En octubre de 2015, el juez liberó a un grupo de militares acusados de asesinar a ocho personas, después de un enfrentamiento en un pueblo del Estado de México. Consideraba que las pruebas que había aportado la PGR no eran suficientes. El caso Tlatlaya había sido un escándalo en México y pese a ello, moría a orillas del juzgado.
La audiencia concluyó y Duarte salió del juzgado rodeado de policías encapuchados, armados, el frío cayendo del Cerro del Chuquihuite, el límite de la ciudad con el Estado de México. La sala de audiencias funciona junto al reclusorio y el viaje fue corto. El exgobernador no dijo ni trató de declarar nada.
El exgobernador espera ahora en el reclusorio norte de la Ciudad de México. El juez ha decidido que allí está bien y se ha negado a trasladarlo. La PGR cuenta con seis meses para concluir su investigación. Si los abogados de Duarte no recurren la decisión, el tiempo corre. La justicia mexicana tiene un año para dictar sentencia.
EL PAIS