LLAMADA DE EMERGENCIA
POR: TUM. Gustavo García Salazar
Este 7 de junio, en que se conmemoró la libertad de expresión, no basta con celebrar un derecho: hay que recordar su función más urgente y a menudo más amenazada la de ser herramienta para salvar vidas en contextos de crisis. La libertad de expresión es tan vital durante una emergencia como el acceso al agua o la energía. La información clara, oportuna y libre de censura puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero en momentos críticos, también suele ser la primera víctima. Basta mirar dos ejemplos recientes en México para entender los riesgos. En octubre de 2023, el huracán Otis impactó Acapulco con una violencia inesperada. Mientras la infraestructura colapsaba, también lo hizo la comunicación oficial.
Durante las primeras 48 horas, la información fue escasa, tardía o directamente ausente. Las autoridades minimizaron el impacto inicial. Los periodistas que intentaban cubrir la magnitud del desastre enfrentaron bloqueos, condiciones precarias y falta de datos oficiales. Incluso se limitó la presencia de medios nacionales en zonas críticas. Otis no solo desnudó la fragilidad de la infraestructura ante eventos extremos, sino la fragilidad institucional para garantizar el derecho a informar y a ser informado. En una ciudad incomunicada, sin luz ni señal, la voz ciudadana en redes sociales y la labor de algunos comunicadores locales fueron los únicos faros de realidad.
Pero ¿por qué dependemos de voces aisladas en vez de tener sistemas de comunicación de emergencia abiertos, honestos y confiables? Durante la pandemia, la información fue simultáneamente el recurso más poderoso y el más manipulado.
En distintos niveles de gobierno, se ocultaron cifras, se maquillaron datos, se castigó a personal de salud por denunciar carencias. Periodistas enfrentaron restricciones para cubrir hospitales, y muchos medios quedaron atrapados entre el acceso condicionado a la información oficial y la presión por no “alarmar”. En lugar de reconocer que la incertidumbre es parte de toda emergencia, se impuso una narrativa única, monolítica, que priorizó la imagen gubernamental por encima del derecho ciudadano a la verdad. El costo fue enorme: decisiones tardías, poblaciones mal informadas, confianza pública deteriorada. En ambos casos, Otis y COVID-19, lo que faltó no fue solo una mejor gestión del riesgo: faltó libertad para reportar, para preguntar, para criticar.
Faltó la libertad de expresión como pilar de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. La emergencia no justifica el silencio. Lo agrava. Si de verdad queremos estar mejor preparados para la próxima emergencia . que vendrá, tarde o temprano
Debemos asumir que la libertad de expresión es parte del sistema de protección civil. Esto implica tareas urgentes: garantizar el acceso abierto a datos en tiempo real, no castigar la crítica y promover la comunicación de riesgo basada en evidencia, no en cálculo político; prepararse para cubrir emergencias con protocolos éticos, resistir presiones oficiales y amplificar voces locales en lugar de depender solo de fuentes institucionales; exigir transparencia, verificar lo que se comparte y defender el derecho a expresarse, incluso y sobre todo en momentos difíciles. Porque callar una emergencia es prolongarla. Y porque ninguna alerta puede ser efectiva si no hay libertad para encenderla.