Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez orden de aprehensión en contra de la presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes ya son buscados por la Interpol, acusados por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR resaltó que, en noviembre de 2019, a través de su Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de ambas personas, así como de Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, por los cargos ya mencionados.
Apuntó que todos ya han sido imputados ante el Poder Judicial y se han obtenido las órdenes de aprehensión correspondientes.
La FGR mencionó que tres de ellos ya se encuentran recluidos en los centros federales de justicia penal, mientras que en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez resto ya obtuvo la ficha roja correspondiente de Interpol y se está a la espera de que puedan ser ubicados en algún país.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, dijo la Fiscalía General de la República.
Explicó que estas personas, presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que supuestamente eran inexistentes.
Según la FGR, la organización principal estaba a cargo de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez, y operaban con supuestos representantes de personas morales. Durante su investigación, los agentes del Ministerio Público Federal obtuvieron información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
El siguiente grupo, integrado por servidores públicos, fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales; y en esa estructura se encontraron a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”.
Cada una de esas células se integraba con las otras para cometer los delitos que se persiguen.
En el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor “Z”, la FG Inés Gómez Mont R dijo que dicha persona recibió más de 2,500 millones de pesos, en una presunta operación de lavado de dinero provenientes de dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por 2 mil 950 millones de pesos.
Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona presuntamente figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas.
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