FAMILIA VALENCIA, NI HUACHICOLEROS NI DELINCUENTES

VENUSTIANO CARRANZA, PUE.- La supuesta relación entre la familia Valencia y grupos delincuenciales, que se difundió en diferentes medios de comunicación, se realizó sin evidencias ni fundamentos legales derivado de una persecución política que se orquestó en el año 2019, por el entonces gobernador de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta (+), señaló Marco Antonio, el más pequeño de los hermanos Valencia.

Al hacer uso de su derecho de réplica demostró ante La Opinión de Poza Rica la recomendación 17/2023, que emitió la Comisión de Derechos Humanos, en donde se les determinó víctimas del estado.

El también abogado de profesión lamentó el uso del estado para fustigar mediáticamente a su familia, acusándolos de pertenecer a grupos criminales y señalándolos, sin pruebas, de cometer actos sangrientos e ilícitos. Valencia Ávila precisó que la ola de difamaciones y “chalecos” se dieron cuando asumió el poder el exgobernador morenista Miguel Barbosa, todo por apoyar a la exgobernadora panista Martha Erika Alonso. Para agosto del 2019 inició la persecución contra ellos, por lo que en mayo del 2020 estalló una serie de cateos ilegales en donde se intentó “sembrar” armas y sustancias ilegales.

Desde el poder, el entonces mandatario estatal utilizó a los medios de comunicación para denostar la imagen de la familia Valencia. Sin sustentos jurídicos o pruebas, atacó en múltiples ocasiones tachándolos de criminales.

La arbitrariedad con la que operó el estado quedó evidenciada en grabaciones que se hicieron a través de las redes sociales, además de que todas las denuncias en su contra fueron improcedentes al carecer de pruebas.

Por las irregularidades, la justicia federal falló todo a favor de la familia Valencia y no se les comprobó ninguna acusación, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado consideró que esta persecución, plagada de infundios, dejó traumas psicológicos que conllevan a una reparación millonaria de daños En esa línea, se emitió una resolución por la violación a las garantías individuales de la familia, por lo que ahora las instituciones deberán responder a ello. Marco Valencia aseguró que durante 4 años estuvieron bajo una lucha contra el sistema, sin embargo, aplaudió que la justicia aplicó a su favor, por lo que hoy se deja un precedente histórico del estado de Puebla.