Un análisis del Instituto Nacional de Estadística y Geografía detectó un
exceso de burócratas asignados a labores administrativas al interior de la
Fiscalía General del Estado de Veracruz.
En cambio, el personal de los ministerios públicos y las unidades de
atención temprana es inferior a la carga de administrativos en una
proporción de casi uno a tres.
Al publicar el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020 (CNPJE), el INEGI incluyó a la procuraduría entre las primeras diez del
país con más empleados administrativos con 3 mil 001, abajo de Ciudad de
México con 15 mil 636, Estado de México con 6 mil 901; Chihuahua con 6 mil
146, Guanajuato con 4 mil 712; Baja California con 4 mil 564 y Jalisco con
4 mil 264.
Además de Chiapas con 3 mil 769; Nuevo León con 3 mil 605 y Tamaulipas con
3 mil 115 trabajadoras en las unidades administrativas.
Al presentar los resultados del Censo el INEGI exhibe la escasez de
personal en las agencias del Ministerio Público, unidades de atención
temprana y fiscalías del estado de Veracruz con mil 119 servidores.
Es decir, la entidad quedó abajo de Estado de México, Ciudad de México,
Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Baja California, Hidalgo, Tabasco,
Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Quintana Roo y Tamaulipas.
Es decir, existe una proporción de 2.6 administrativos por cada empleado
asignado a la procuración de justicia, lo que pone en entredicho el
concepto de «justicia pronta y expedita».
La escasez de personal en el Ministerio Público contrasta con el presupuesto asignado en 2019 a la Fiscalía de Veracruz, con mil 923
millones de pesos erogados en 2019.
Esto coloca a la fiscalía veracruzana en un séptimo lugar, abajo de Ciudad
de México con 7 mil 032 millones de pesos; Estado de México con 4 mil 359
millones; Chihuahua con 3 mil 663 millones; Nuevo León con 2 mil 857
millones; Guanajuato con 2 mil 699 millones y Jalisco con 2 mil 249
millones de pesos.
Pese a la inversión, el estado de Veracruz acumula 58 mil 473 delitos del
fuero común de enero a septiembre.
Irónicamente, Tamaulipas, que ejerció un presupuesto de al menos una cuarta
parte de lo que recibió Veracruz (520 millones de pesos) ha registrado
apenas 23 mil 584 delitos, esto es, menos de la mitad que la entidad
veracruzana. Mientras que Puebla reporta 46 mil 194 delitos, con 1,561
millones de pesos ejercidos en 2019.
Además la crisis por desapariciones e inseguridad obligó a la Fiscalía
General del Estado de Veracruz a reforzar sus unidades y laboratorios de
los Servicios Periciales y Servicio Médico Forense.
De este modo, la FGE veracruzana cuenta con 29 unidades de servicios
periciales, solo abajo de Tabasco con 44 unidades e Hidalgo con 36.
Ni siquiera entidades en iguales condiciones de inseguridad cuentan con
unidades de Servicios Periciales; es el caso de Ciudad de México con 18;
Nuevo León con 16; y Tamaulipas con 13.
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