La renuncia del ayuntamiento involucrado en un homicidio
Por Luis Navarro Arteaga
“Lo que mal empieza mal acaba” es el viejo dicho que puede ser aplicado al ayuntamiento de Poza Rica encabezado por Manuel Salas Castelán, que en agosto de 1960 debió renunciar debido a que el alcalde fue mencionado repetidamente en las investigaciones de un homicidio.
El 5 de agosto de 1960 La Opinión informó que aquel ayuntamiento solicitó licencia temporal ante la legislatura del estado” con objeto de dar entera libertad a las autoridades para que investiguen el crimen cometido en la persona de Alberto J. Altamirano”.
Como se dijo en la anterior entrega, el 29 de julio de 1960 La Opinión publicó que la noche anterior había sido asesinado el periodista Altamirano y que “comentarios que se escucharon en el lugar de los acontecimientos indican que el asesinato …haya sido cometido por personas adictas a las actuales autoridades municipales quienes se pueden encontrar molestas por las verdades expresadas por la pluma viril del hoy desgraciadamente desaparecido”.
Debido a lo anterior el presidente municipal Manuel Salas Castelán fue citado a declarar. La Opinión publicó la noticia el 3 de agosto de 1960 a quien se le informó que la viuda dijo en sus declaraciones que el finado le manifestó que temía ser asesinado “por los ataques que en sus escritos había dirigido a Salas” quien manifestó “no haber guardado rencor al …occiso”.
El 5 de agosto de 1960 La Opinión publicó que día anterior Salas había salido a Xalapa y al día siguiente se anunciaba la solicitud para “dejar en libertad absoluta a las autoridades …” que en ese momento investigaban el crimen de Altamirano.
El domingo 7 de agosto La Opinión adelantó que la Legislatura del Estado había resuelto nombrar a un concejo municipal encabezado por Luis Vázquez O´ Farril y al día siguiente 8 de agosto de 1960 se dio a conocer la integración del nuevo cuerpo colegiado que administraría el municipio. El 9 de agosto se publicaron las primeras fotografías del cuerpo colegiado que sustituyó al ayuntamiento.
El 21 de agosto de 1960 se informó que los cuatro acusados por el asesinato de Altamirano: Juan Herrera Trejo, Nicolás Tello González, Ignacio Neri Soberanes y Leonides Barra, dijeron haber sido torturados por la policía para involucrar en el homicidio a Pedro Vivanco y a Salas Castelán como se publicó el 21 de agosto, a fin de afectarlos en su gestión.
Cabe recordar que Salas Castelán, priista y ligado al poderoso sindicato petrolero, fue acusado de llegar a la alcaldía mediante fraude electoral en octubre de 1958. En medio del conflicto post electoral un grupo de ciudadanos que marcharon para protestar por la imposición del PRI, pero fueron reprimidos a balazos desde el edificio sindical. Siete personas fueron asesinadas en ese lamentable suceso. Dos años después el nombre de Salas fue mencionado repetidamente por diferentes personas en las investigaciones para aclarar el homicidio de Altamirano, uno de los críticos más agudos de Salas Castelán.
Finalmente, la legislatura expidió el decreto número 71 “con fecha 3 (de noviembre de 1960) …2 en el cual definitivamente se suspende de sus funciones a las personas que venían actuando al frente del H. Ayuntamiento… de Poza Rica”.
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