El próximo 5 de febrero volveremos a hablar de la Constitución, de derechos, de historia y de soberanía; se repetirán discursos y se recordarán artículos, pero pocas veces se cuestionará si nuestras leyes realmente están previniendo tragedias o si solo reaccionan cuando el daño ya está hecho. En materia de Protección Civil, prevenir también es legislar, y ahí seguimos llegando tarde.
En Poza Rica el riesgo no es teórico; la industria petrolera, las instalaciones con materiales peligrosos y las colonias cercanas a ríos y zonas inundables forman parte del día a día. Aquí la emergencia no se imagina, se responde; aun así, operamos con vacíos legales que terminan convirtiéndose en escenarios repetidos de dolor.
Un ejemplo claro es el de las albercas sin guardavidas. En el estado de Veracruz no existe una legislación que obligue a contar con personal capacitado en rescate acuático en albercas públicas o privadas. Hoteles, fraccionamientos y centros recreativos funcionan bajo la lógica de la buena voluntad o del “nunca ha pasado nada”, hasta que pasa. Los ahogamientos no son accidentes inevitables, son omisiones prevenibles que se repiten cada temporada vacacional.
En otros lugares del país ya se entendió que la prevención no puede ser opcional. La Ciudad de México legisló la figura del guardavidas obligatorio, no porque el agua sea más peligrosa, sino porque la ley decidió adelantarse a la tragedia. En Veracruz no, y en Poza Rica menos.
Pero el problema no se limita a los cuerpos de agua. La Protección Civil sigue tratándose como un área administrativa y no como un sistema de seguridad pública. Esto se refleja en la falta de legislación sólida para quienes responden primero. Los cuerpos de bomberos operan en muchos municipios sin reconocimiento legal pleno, sin presupuesto garantizado y sin equipamiento mínimo obligatorio por norma.
Los policías, primeros respondientes en innumerables emergencias, frecuentemente carecen de capacitación suficiente en manejo de escenas, rescate básico y primeros auxilios avanzados, no por desinterés, sino porque la ley no exige estándares claros y homogéneos en materia de Protección Civil.
Quienes trabajamos en emergencias sabemos que una escena mal valorada pone en riesgo a la víctima y también al rescatista. Lo vimos en incendios, explosiones, rescates acuáticos y durante las inundaciones del 10 de octubre, cuando quedó claro que el riesgo no espera a que los reglamentos se actualicen.
La ley casi siempre llega después del desastre, después de la pérdida y después del silencio. Pero la Constitución no fue creada para reaccionar, sino para anticipar, para establecer condiciones de seguridad antes de que la sirena suene, no cuando ya está encendida.
Este 5 de febrero es una oportunidad para que legisladores y autoridades municipales volteen a ver la Protección Civil con seriedad. Guardavidas obligatorios, reglamentos municipales basados en riesgos reales, bomberos con respaldo legal y presupuestal, policías capacitados como primeros respondientes y normas claras para instalaciones industriales no son exageraciones: son prevención.
Cada ley que no existe es una emergencia futura; cada omisión legislativa es una llamada que alguien tendrá que atender. En Poza Rica, como en todo Veracruz, prevenir no debería ser una buena intención… debería ser ley.
Nos leemos el próximo lunes.
@llamada de emergencia
