Junto con la Subdirectora y la APF “desaparecieron” más de dos millones de pesos que manejaron durante tres años de gestión como directivos
POR ROBERTO AGUILAR TOLENTINO
Poza Rica, Ver.- Por malos manejos de los recursos de los padres y apoyos de la escuela, el director de la escuela secundaria general N. 1 Heriberto Jara Corona, David Agustín Saldaña Vázquez, fue cesado de sus funciones, por lo que, desde la noche del jueves, dejó el cargo tras la intervención de la Supervisora Escolar Zona 05 de Secundarias Generales, Graciela Pazos.
En igual situación se encuentra la subdirectora, Beatriz Díaz Carrillo, luego de la enérgica manifestación de los padres de familia, quienes denunciaron varias anomalías de las que dijeron estar “hartos” y que no van a permitir más corrupción que afecte a la institución, que desde hace varios años no ha tenido ninguna mejora en su infraestructura, misma que tiene una antigüedad de más de 55 años.
El movimiento de los padres de familia se realizó desde las 6 de la mañana en las afueras del plantel, ubicado en la colonia Tepeyac, donde colocaron sendas lonas con acusaciones graves en contra del director y la subdirectora.
A su llegada al plantel, la Supervisora se reunió con todos los padres de familia en una mesa de trabajo que se prolongó por diez horas, hasta la madrugada, y ahí se dieron a conocer los acuerdos.
También se realizará una auditoría a la Asociación de Padres de Familia (APF) 2023 y 2024 para determinar el grado de desvíos de los recursos y tomar las acciones correspondientes.
Los padres acusan que tanto el director, como la subdirectora y la tesorera de la APF, Adahí Sánchez Ayala, y la vocal, Zuleyma Negrete Hernández, imponían cuotas para la admisión al plantel de mil pesos por alumno. Además, el ingreso de más de 200 mil pesos de apoyos gubernamentales para el plantel “desapareció”, así como 300 mil pesos por la renta de la escuela a la UPAV, que también “desaparecieron”.
Asimismo, la tercia planeó la venta de mobiliario escolar sin saber el destino de ese dinero; también cobraban arbitrariamente por trámites administrativos, cambios de turno y liberación de cartas de servicio social, por lo que los padres de familia consideran que, en tres años, la tercia se quedó con más de 2 millones de pesos.
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