Esta semana, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reconoció públicamente algo que desde hace años era evidente para cualquiera que camine por las calles o se suba a un taxi, ya son demasiadas unidades circulando en la entidad.
Pero el verdadero problema va más allá del exceso, se trata de una proliferación descontrolada, en muchos casos fuera del marco legal. Y es que, si bien la mandataria estatal advirtió que se retirará la concesión a aquellos conductores que pretendan aumentar las tarifas por su cuenta, lo cierto es que el caos en el transporte público no es solo un tema de tarifas, sino de legalidad y competencia desleal.
Porque lo que probablemente no le han querido informar —o no le han informado bien— es que en municipios como Poza Rica circulan miles de taxis sin concesión oficial, trabajando de manera “tolerada”, es decir, al margen de la normatividad, pero bajo el conocimiento de los mismos concesionarios y de las autoridades de Transporte Público.
Y aquí es donde la discusión se pone interesante, ¿cómo pedirle al gremio taxista que respete tarifas, si las propias delegaciones permiten el ingreso indiscriminado de unidades sin control alguno? Según versiones de los propios taxistas, quienes se quejan del ingreso continuo de nuevos vehículos, en Poza Rica podrían existir más de mil taxis “piratas”, algunos incluso con números clonados o documentación apócrifa.
Eso explica el por qué muchos concesionarios formales aseguran que ya “no es negocio”. No solo deben enfrentar los altos costos de operación, mantenimiento y combustible, sino también la competencia desleal de quienes no pagan concesión, seguro, ni cumplen con los lineamientos oficiales. Y todo con la complicidad de quienes deberían hacer cumplir la ley.
Si la gobernadora ha reconocido que hay exceso de unidades, ¿por qué no ordenar una revisión a fondo del padrón de concesiones y una depuración real de las unidades toleradas? No basta con amenazar con retirar concesiones, hay que empezar por poner orden donde realmente hace falta, eso está en los escritorios y patios de las delegaciones del Transporte Público.
El lunes, según dijo la mandataria, se anunciará una resolución al tema de los concesionarios. Ojalá no sea otra medida superficial y que por fin se tomen decisiones de fondo. Porque el verdadero problema no son los taxistas, quienes piden un ajuste de las tarifas, sino el sistema de transporte corrompido y desbordado, donde los únicos que pierden son los ciudadanos.