Ciudad de México.- El general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), no utilizaba BlackBerry, por lo que no pudo ser quien intercambiaba mensajes con el crimen organizado, como lo acusa la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), al menos así lo dice el expediente desclasificado del caso.

En la versión pública del expediente que compartió la Fiscalía General de la República (FGR) –con la mayoría tachada en negra–, se señala que los mensajes que integrantes de la delincuencia organizada supuestamente intercambiaban con Cienfuegos en realidad no eran con él porque ni siquiera tenía un teléfono del tipo que indica la DEA en sus pruebas.

“Los mensajes interceptados o extraídos de aparatos telefónicos por parte de autoridades estadounidenses habían sido realizados desde teléfonos BlackBerry, ya que sólo esos aparatos pueden permitir el sistema de comunicación comúnmente conocido como PIN y en el caso resulta que no hay dato de prueba alguno que permite establecer que haya tenido y utilizado aparatos de esa naturaleza y marca”, asegura la FGR.

Sobre esto, el extitular de la Sedena argumentó que en realidad los mensajes que se le atribuyen fueron escritos por Daniel Isaac Silva Garate, alias “El H9”, quien pretendía obtener millones de su tío, de nombre Juan Francisco Patrón Sánchez, y “El H2”, por lo que le pareció ridículo que la DEA no se haya percatado de eso, además de que identifican a “El Padrino” como un sujeto de estatura más baja y con tez más blanca.

“Soy totalmente inocente, por no tener ni haber tenido nunca ninguna relación, contubernio ni comunicación con los presuntos delincuentes que erróneamente me pretendió la Fiscalía de Estados Unidos (…) Es falso que, como secretario de la Defensa Nacional, haya ordenado o prohibido en particular que no se ejecutaran operaciones contra determinados delincuentes o grupos criminales, toda vez que tal facultad no me correspondía ejercer”, afirmó Cienfuegos ante la FGR.

El general Salvador Cienfuegos fue arrestado en octubre de 2020 cuando estaba en el aeropuerto de Los Ángeles, California, acusado de proteger al grupo criminal emanado de los Beltrán Leyva, conocido como H-2, y de lavado de dinero; tras las gestiones diplomáticas se consiguió que una jueza estadounidense desechara los cargos y se le llevó de vuelta a México, donde también quedó exonerado.

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