Poza Rica, Ver. – Expertos en procesos para la recolección de residuos urbanos aseguran que la empresa Discricar está operando al margen de las leyes ecológicas, pisoteando los derechos humanos de terceros. En este caso, no se trata solo de la complicidad de las autoridades municipales, sino también de la ciudadanía en general, por la grave contaminación ambiental que afecta gran parte del primer cuadro de la ciudad.
Lo más grave y delicado del tema es que, hasta ahora, luego de iniciar operaciones el 20 de junio del año pasado, ninguna autoridad, ni estatal ni federal ni mucho menos municipal, ha sancionado a Discricar por los daños que provoca a la petrolera ciudad que, en lugar de lucir bella, luce pestilente, con charcos de lixiviados en sus principales avenidas en pleno centro.
Todos los días, sobre la avenida Heriberto Kehoe Vincent, amanecen charcos de lixiviados que, con los fuertes calores y temperaturas por encima de lo normal, esparcen fétidos olores entre los comercios, farmacias, puestos ambulantes, taquerías, rosticerías y demás locales. Al paso de los vehículos, los lixiviados se esparcen sobre toda la avenida. 
Lo mismo ocurre en algunos tramos del bulevar Adolfo Ruiz Cortines. Ni el gerente de Operaciones de DISCRICAR, Jesús Solís, ni el coordinador de Operaciones, Jorge Reséndiz, muestran preocupación o pena alguna, a pesar de cobrar mensualmente 500 mil pesos que provienen del pueblo pozarricense, al cual brindan un servicio deplorable.
Para colmo, estas irregularidades son solapadas por la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), a cargo de Juan Carlos Contreras Bautista, y la Procuraduría de Medio Ambiente de Veracruz (PMA), a cargo de Sergio Rodríguez Cortés.
