Hipólito Moreno Tapia
Castillo de Teayo, Ver.- Además de la carencia de agua potable y adecuada red de drenaje, este municipio enfrenta un rezago social y habitacional significativo que coloca a una parte importante de su población en condiciones de alta vulnerabilidad, situación que, por su magnitud, demanda la atención coordinada de los tres órdenes de gobierno.
Datos del último Censo de Población y Vivienda del INEGI, así como análisis recientes del CONEVAL y la Secretaría de Bienestar, revelan que miles de familias en el municipio carecen de servicios básicos indispensables para una vivienda digna.
Reportes actualizados al 2024 señalan que más de 15 mil 700 familias no cuentan con acceso a agua potable, mientras que alrededor de 5 mil 300 viviendas carecen de drenaje sanitario.
Estas cifras reflejan una problemática estructural que va más allá de la capacidad de atención de un solo nivel de gobierno. La falta de servicios básicos, sumada a carencias en seguridad social y acceso a servicios de salud, mantiene a Castillo de Teayo dentro del listado de municipios con altos niveles de pobreza y rezago social.
Aunque no existe un porcentaje específico de viviendas consideradas como dignas para el municipio, los indicadores de carencias sociales son utilizados por instancias federales para la delimitación de Zonas de Atención Prioritaria, lo que evidencia la necesidad de fortalecer políticas públicas focalizadas en materia de vivienda e infraestructura básica.
A nivel estatal, Veracruz registró en 2020 un total de 204 mil 580 viviendas en condiciones de precariedad de espacios, equivalente a cerca del 9.95 por ciento del parque habitacional. En este contexto, Castillo de Teayo se ubica por encima de la media estatal en promedio de carencias sociales, lo que refuerza la urgencia de programas integrales que involucren recursos y acciones de los gobiernos federal, estatal y municipal.
La atención al rezago habitacional debe abordarse en este nuevo gobierno municipal como un eje prioritario del desarrollo social, mediante esquemas de coordinación intergubernamental que permitan garantizar el acceso a servicios básicos, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en zonas con mayor marginación.