Tras 11 meses en prisión, el ex Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, finalmente abandonó el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Coatepec, para continuar su proceso en libertad.
El 17 de junio de 2018, en Ciudad de México, agentes ministeriales detuvieron al ex Procurador General de Justicia en el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, por el delito de desaparición forzada.
Sin embargo, defensores del ex funcionario impugnaron la medida cautelar aplicada a Bravo Contreras; dado que dicho delito, en la modalidad de encubrimiento, no amerita la necesidad de prisión precautoria.
El abogado de Bravo Contreras promovió un recurso de amparo, situación a la que un juez federal dio la razón y se concretó la libertad del acusado, quien enfrentará el proceso desde su domicilio.
El 11 de mayo, un juez local obsequió la orden de detención contra Luis Ángel Bravo Contreras, luego de que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, condujeron a que su antecesor fue cómplice de desaparición forzada.
Incluso, en ese entonces, el Gobierno de Veracruz ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por quien aportara datos del entonces prófugo, quien fue intervenido en un restaurante del Distrito Federal.
Se le vinculó a proceso luego de que la FGE determinó que Bravo Contreras pudo haber intervenido en la desaparición forzada de personas, en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a los responsables a evadir la justicia.
Esta misma tarde también salió libre el que fuera director de los Servicios Periciales y ex colaborador de Luis Ángel Bravo, Gilberto «N», con el mismo alegato de un uso injustificado de la prisión preventiva como medida cautelar.
El defensor de Bravo, Arturo Nicolás Baltazar, señaló que a pesar de lograr el arresto domiciliario, la jueza de control Mónica Segovia habría cometido abuso de autoridad al no dar la libertad a su cliente.
«Incurrió en abuso de autoridad y con los tribunales federales no ocurre lo mismo que con los del orden común, porque velan por el exacto cumplimento de las sentencias de amparo. Por supuesto (que merece una sanción) porque esta jueza ha violado reiteradamente derechos fundamentales» indicó.
Finalmente criticó que se haya determinado que la Policía Ministerial vigile el cumplimiento de la prisión domiciliaria, pues dijo que no es parte de sus funciones.