POR: ROBERTO AGUILAR TOLENTINO
POZA RICA, VER.- A pesar de la instrucción emitida por el Gobierno del Estado de que la educación pública debe permanecer libre de cobros obligatorios, diversos jardines de niños, primarias y secundarias continúan solicitando a los padres de familia cuotas de inscripción, además de una amplia lista de artículos destinados al mantenimiento de los planteles, situación que ya es objeto de una investigación por parte de las autoridades educativas.
Tal es el caso de la Secundaria Técnica 75, donde exigen mil pesos por alumno, cuando los padres de familia se truenan los dedos por conseguir lo necesario para sus hijos. Si son dos estudiantes en el plantel, el gasto es todavía mayor, por lo que varios planteles de Poza Rica de nivel preescolar, primaria y secundaria están en la mira de la SEV.
Entre los insumos que presuntamente están siendo requeridos destacan papel sanitario, jabón para manos, aromatizantes, escobas, trapeadores y otros productos de limpieza para sanitarios y aulas, lo que ha generado inconformidad entre madres y padres de familia, quienes consideran que estos gastos representan una carga económica adicional al inicio del ciclo escolar.
De acuerdo con la postura del Gobierno del Estado, la gobernadora Rocío Nahle García ha reiterado que ningún estudiante debe ser condicionado mediante el pago de cuotas escolares para acceder a la educación pública, por lo que cualquier práctica en ese sentido podría constituir una irregularidad administrativa.
Ante las denuncias, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), inició un proceso de revisión para identificar los planteles donde presuntamente se están realizando estos cobros o solicitudes indebidas.
La investigación se desarrolla a través de directores y supervisores escolares, quienes deberán informar qué escuelas mantienen estas prácticas y determinar las responsabilidades correspondientes. Las autoridades advirtieron que, de comprobarse el cobro de cuotas obligatorias, podrían aplicarse sanciones administrativas a los responsables.
El Gobierno del Estado enfatizó que la educación pública es un derecho constitucional y que ningún alumno debe ser privado de su inscripción, documentación o acceso a clases por negarse a realizar aportaciones económicas o entregar materiales de limpieza.
Con este operativo, las autoridades buscan garantizar que se respete la gratuidad de la educación y evitar que las familias veracruzanas enfrenten gastos que no están contemplados dentro de las disposiciones oficiales para el ingreso a las escuelas públicas.